El productor musical Leandro Ciro Áñez Grippa, alias “KPU”, será investigado por el Ministerio Público (MP) de Venezuela por el supuesto robo de las regalías de la música de Tirone González, el rapero venezolano conocido como Canserbero.
Así lo anunció este martes el fiscal general del país caribeño, Tarek William Saab, quien señaló que Áñez se registró como autor de los álbumes Vida y Muerte, que Canserbero lanzó como solista.
“Este ciudadano también registró la producción fonográfica Apa y Can ante el Sapi. Él fue el manager de Canserbero entre 2010 y 2012, pero no hubo ningún contrato firmado entre ellos y se separaron”, dijo Saab.
Según el fiscal general, Áñez incurrió en una violación de la ley de propiedad intelectual al atribuirse la autoría de temas emblemáticos de Canserbero y al hacer declaraciones falsas ante las autoridades competentes.
“Este sujeto ha transgredido la ley, no solo por adjudicarse la creación de canciones importantes de Canserbero, sino que ha hecho gestiones ante los organismos pertinentes haciendo afirmaciones que son falsas”, subrayó.
Por estos hechos, “KPU” será imputado por los delitos de plagio y falsa atestación ante funcionario público, sin descartar su implicación en otros ilícitos penales.
Nulidad de los certificados de producción fonográfica
Luego de reabrir el caso de la muerte de Tirone González, el MP determinó que Áñez Grippa se ha beneficiado de las regalías de las canciones de Canserbero sin tener ningún vínculo laboral con él desde el 2013. Por eso, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (Sapi) inició desde el 2020 el proceso de nulidad absoluta de los certificados de producción fonográfica.
Caso Canserbero, esclarecido
Saab informó el martes 26 de diciembre, en una rueda de prensa, que se esclareció el caso de Canserbero. Gracias a las nuevas investigaciones, se pudo comprobar que Tirone González no mató a Carlos Molnar y luego se suicidó, como se difundió desde el 2015, sino que fue Natalia Améstica quien los asesinó por “envidia” y su hermano Guillermo Améstica la ayudó a alterar la escena del crimen.
Por este caso, también se emitió orden de aprehensión a seis funcionarios del Cicpc de la época, quienes colaboraron con los hermanos Améstica para modificar el lugar del crimen y hacerlo pasar por un “homicidio – suicidio”, además de recibir 10 mil dólares por ello.
Asimismo, se solicitó la detención de la médico patóloga y los dos fiscales que no revelaron la verdad de los hechos en el 2015.
Con información de El Universal.
