El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dio a conocer que han sido detenidos seis funcionarios y se han emitido órdenes de aprehensión contra otros, por su participación en el caso de Canserbero, el rapero venezolano que fue asesinado el 20 de enero de 2015.
Según las declaraciones de los hermanos Améstica, testigos del crimen, estos funcionarios recibieron 10.000 dólares (USD) para alterar la escena del hecho y presentarlo como un “homicidio – suicidio”.
Entre los detenidos se encuentran:
- Inspector jefe Gilbert Cruz (Jefe de la Comisión).
- Inspector Edgar Trillo (Investigador).
- Detective Jesús Medina (Técnico).
- Oficial de la PNB Arquelis Blanco (en Comisión de Servicio en el Cicpc para la fecha).
- Miembros de la Comisión de Laboratorio Criminalístico de Aragua que abordaron igualmente el sitio: inspectora agregada Teresa Pinto y el detective Yonel Toro.
Además, un séptimo funcionario implicado murió en el año 2018 en actos de servicio.
Los delitos que se les imputan son: obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, asociación para delinquir y corrupción propia agravada.
Patóloga y exfiscales también involucrados
Saab también anunció que se ha solicitado una orden de aprehensión contra Solangela Mendoza, la patóloga que practicó la Autopsia Forense de Tyrone González (Canserbero) y Carlos Molnar, el amigo del rapero que también fue asesinado.
Mendoza omitió en su informe las dos puñaladas o el golpe en la cara de Canserbero que le propinó Guillermo Améstica.
La patóloga deberá responder por los tipos penales de obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir, y encubrimiento.
Asimismo, se pidieron órdenes de aprehensión contra los fiscales de la época, abogados Tulio Enrique Mendoza, exfiscal 30º Nacional con Competencia Plena, y Yoli Abelina Torres, exfiscal Cuarta del estado Aragua, por los tipos penales de omisión dolosa, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir.
Estos dos exfiscales se les libró orden de aprehensión y fue solicitada una alerta roja para que sean entregados donde sea que estén, explicó el fiscal; debido a que “estos ciudadanos coadyuvaron a sostener la hipótesis errada del homicidio – suicidio, al no promover las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.
“Dejaron de practicar el 95% de las experticias que nosotros ejecutamos, y fundamentaron la solicitud de sobreseimiento en un informe psiquiátrico post mortem practicado en el año 2015 al entorno de Tyrone González, el cual fue considerado no concluyente por los mismos expertos que lo realizaron”, agregó.
Con información de Globovisión.
