La Fiscalía de Perú formalizó la petición para ordenar la detención domiciliaria del expresidente Alberto Fujimori por un lapso de 18 meses, para evitar “el peligro de fuga”, porque no existe información sobre el arraigo domiciliario, laboral ni la titularidad de bienes del acusado.
La Fiscalía señaló que a los 85 años de Fujimori, se consideró que lo más “acorde con la situación”, ya que expuso los “elementos de convicción” de la solicitud, basada en que Fujimori no tiene “ninguna medida coercitiva” y se debe evitar el riesgo de fuga.
Sin embargo, el abogado del exmandatario, Elio Riera, pidió la improcedencia del pedido fiscal y aseguró que sí tiene arraigo domiciliario en la casa de su hija Keiko Fujimori.
Además, dijo que existen fotos con sus nietas e hijos que prueban su arraigo familiar y el contrato con una editorial con la que “ha trabajado en sus memorias”, además de una pensión como exrector de una universidad, como prueba de arraigo laboral.
“Nos encontramos ante un pedido que tiene que ser declarado improcedente”, dijo Riera antes de indicar que el requerimiento tiene “graves errores de forma y fondo”.
A su vez, Fujimori resaltó que esta decisión sería para él “más que una prisión preventiva” y consideró que el pedido fiscal vulnera sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.
En función de esto, señaló que aunque su salud se mantiene estable, está “calificado como paciente de alto riesgo”, además de que no ha hecho “un solo trámite para obtener un pasaporte”.
“Le aseguro que yo renuncio a la obtención de este pasaporte mediante este escrito y cualquier otro procedimiento”, señaló al juez antes de pedir que se establezca “algún procedimiento” para que no se permita su salida del país con el DNI.
También ratificó que vive en la casa de su hija Keiko, que tiene ingresos como jubilado y por los honorarios de la publicación de sus memorias, y que no posee “un solo inmueble” a su nombre.
Con información de Globovisión.
