El expresidente de Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), podrá abandonar el centro penitenciario de Barbadillo, donde purga una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad, gracias a una resolución del Tribunal Constitucional que declaró fundado el habeas corpus que le había sido concedido en marzo de 2022.
El Constitucional publicó este martes en su página web la decisión que ordena al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo que “en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad”.
Juez reacio a cumplir la orden
La resolución del Constitucional también incluye una severa llamada de atención al juez Vicente Fernández Tapia, quien debía ejecutar la orden de excarcelación aprobada la semana pasada por el órgano judicial, pero que la declaró improcedente.
Los magistrados del Constitucional “exhortaron” al juez Fernández Tapia a “poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”, como la que favorece al expresidente Fujimori.
El caso de Fujimori se remonta a diciembre de 2017, cuando el entonces presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó un indulto humanitario que, sin embargo, la Justicia anuló unos meses más tarde, en el verano de 2018.
En marzo de 2022, el Constitucional admitió un habeas corpus presentado por los abogados de Fujimori, en el que alegaban su avanzada edad de 85 años y su delicado estado de salud, que se había deteriorado desde que se le quitó el indulto de Kuczynski.
El Constitucional envió la semana pasada al juzgado de Ica, donde se originó el habeas corpus de 2022, la decisión de restituir el indulto presidencial a Fujimori, pero el juez encargado del caso, el ya mencionado Fernández Tapia, se negó a acatarla y la declaró improcedente.
Otros procesos pendientes
Además de su condena a 25 años de cárcel por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori enfrenta otro juicio penal, junto a varios de sus exministros de Salud, por las esterilizaciones forzadas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de distintas comunidades indígenas durante su gobierno
