La Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó este miércoles un informe en el que alerta sobre el incremento de los “ataques al espacio cívico y democrático” por parte del Gobierno venezolano, con el fin de “silenciar la oposición o crítica” a las autoridades del Estado.
El informe, que abarca el periodo entre enero de 2020 y agosto de 2023, documenta que en ese lapso se produjeron al menos “5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias” por motivos políticos.
Asimismo, los expertos de la ONU registraron 28 casos de tortura u otros tratos crueles contra personas detenidas, incluyendo 19 casos de violencia sexual.
Estos señalamientos se producen en un contexto “especialmente alarmante”, pues Venezuela celebrará elecciones presidenciales en 2024, para las que fueron inhabilitados la exdiputada opositora María Corina Machado y los también líderes opositores Henrique Capriles y Freddy Superlano.
“Mecanismos más selectivos“
En su nuevo informe, el grupo subraya que desde principios de 2021 recibió “menos acusaciones de violaciones graves de derechos humanos contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales”.
Sin embargo, esto no significa que haya habido una mejora en la situación, sino que el Estado ha recurrido a “mecanismos más selectivos y sofisticados” para “sofocar a la oposición”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
Entre estos mecanismos, el informe menciona las “amenazas, vigilancia y hostigamiento constantes, a la difamación y a la censura” contra personas de la sociedad civil, como dirigentes sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos.
“La estructura represiva del Estado no se ha desmantelado”, subraya el grupo.
