La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) podrá continuar con su investigación sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, según lo confirmó este viernes 1° de marzo la Sala de Apelaciones del tribunal. La decisión se tomó después de que la administración de Nicolás Maduro apelara el fallo que autorizaba al fiscal Karim Khan a reanudar su indagación.
La Sala de Apelaciones, integrada por los jueces Marc Perrin de Brichambaut (Presidente), Piotr Hofmański, Luz Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze, desestimó por unanimidad los seis argumentos presentados por Venezuela para detener la investigación. Los magistrados consideraron que las causas alegadas por el país no eran suficientes para demostrar que se estaban llevando a cabo las investigaciones pertinentes, y recordaron un caso similar ocurrido con Filipinas.
Los jueces no hallaron “error alguno” en la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, que en junio de 2023 dio luz verde al fiscal Khan para seguir con su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, especialmente los de persecución, torturas y abuso sexual. Tampoco vieron “motivos convincentes” para modificar ese fallo.
La Sala de Apelaciones también señaló que Venezuela cometió un error al no solicitar al fiscal las traducciones del material que le envió. “Incumbe al Estado que solicita la inhibición proporcionar la traducciones en inglés y francés de los documentos donde se afirma que han llevado a cabo las investigaciones pertinentes, con miras a que la Sala de Apelaciones pueda revisar toda la documentación“.
Asimismo, la Sala de Apelaciones subrayó que, aunque el Estatuto de Roma no exige a los Estados que incorporen los crímenes de lesa humanidad en su legislación nacional, “esa incorporación podría facilitar el cumplimiento de su deber” de ejercer su jurisdicción penal contra “los responsables de crímenes internacionales”.
En la lectura de la sentencia estuvieron presentes el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Héctor Constant; y el agente del Estado ante Sistema Internacional de Derechos Humanos, Larry Devoe.
Antecedentes del caso
El pasado 21 de abril de 2022, la Fiscalía notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares I que había recibido, por parte de Venezuela, una solicitud de detener sus investigaciones, bajo el alegato de que estaban siendo investigadas y procesadas por las autoridades.
Luego para el 1 de noviembre de 2022, la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala que lleva el caso reanudar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, en particular los delitos de persecución, torturas y abuso sexual.
Sin embargo, dos meses más tarde, las autoridades venezolanas presentaron su escrito de apelación.
Con información de Tal Cual.
