España insta a la UE a reconsiderar las sanciones a Venezuela

José Manuel Albares. / Foto: Ministerio de Exteriores del Gobierno de España. – Archivo.

El canciller español en funciones, José Manuel Albares, solicitó a sus colegas europeos que reconsideren las medidas restrictivas de la Unión Europea (UE) sobre Venezuela, considerando los progresos logrados en el diálogo entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición.

Albares hizo esta solicitud en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores que se realizó en Luxemburgo, donde propuso que los Veintisiete analicen “la revisión de las sanciones de la Unión Europea a Venezuela en línea con las recientes decisiones de Estados Unidos en ese sentido y vista la evolución positiva del diálogo entre venezolanos”.

El canciller se refería al pacto alcanzado la semana pasada en Barbados por el chavismo y la Plataforma Unitaria que reúne a los principales partidos opositores para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, el cual entre otras cosas establece “el derecho de todo partido político a elegir a su candidato para las elecciones presidenciales de forma libre y conforme a sus mecanismos internos”.

Alivio temporal de sanciones y liberación de presos políticos

Tras el acuerdo, Estados Unidos anunció la suspensión temporal de algunas sanciones al sector petrolero venezolano, lo que llevó a Caracas a liberar a cinco presos políticos, entre ellos el exdiputado Juan Requesens y el periodista Roland Carreño.

Según Albares, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, “ha estado de acuerdo” con su planteamiento y ha adelantado que presentará “ese estudio de revisión” en un próximo Consejo de Asuntos Exteriores.

Ya en julio, durante la cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), Borrell había expresado que la UE estaría dispuesta a flexibilizar las sanciones siempre y cuando se avanzara hacia unos comicios “inclusivos” y “democráticos”.

Embargo de armas y otras medidas

Actualmente, la UE mantiene un embargo de armas y de todo material que pueda usarse para la represión interna en Venezuela así como la prohibición de viaje y el congelamiento de bienes a 55 funcionarios venezolanos acusados de violar los Derechos Humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho en el país.

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