El Gobierno venezolano y las empresas que prestan servicio de encomiendas a domicilio, mejor conocido como delivery, llegaron a un acuerdo para dejar sin efecto la resolución que regulaba a través del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) esta actividad en el país caribeño.
Así lo informó el vicepresidente sectorial de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de la red social X, donde publicó un comunicado tras una “cordial y fructífera reunión” entre ambas partes.
Según el comunicado, el Ejecutivo Nacional decidió “dejar sin efecto la resolución del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, (referida al servicio de entrega a domicilio y publicada en Gaceta Oficial Nº 42.813, del 5 de febrero de 2024), y transferir el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (lpostel) al Ministerio del Poder Popular para el Transporte”.
Esta decisión fue “acogida con gran beneplácito por parte de las empresas prestadoras delivery”, que expresaron su disposición a trabajar conjuntamente con el Gobierno para mejorar el servicio y garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios.
Para ello, se acordó conformar una Comisión de Trabajo y otra de Seguridad junto a organismos del Estado venezolano, que enlazará a los Cuadrantes de Paz con los prestadores de delivery.
“Ambas partes acordaron mantenerse en constante diálogo, en aras de mejorar su impacto y relacionamiento, a través de la consolidación de políticas de apoyo y de cooperación conjunta, donde el principal beneficiario sea el pueblo venezolano”, concluye el comunicado.
La resolución de Ipostel, que fue publicada recientemente, establecía una serie de requisitos y obligaciones para las empresas que ofrecen delivery, tales como la inscripción en el registro nacional de operadores postales, el pago de una tasa por cada envío, la identificación de los vehículos y los trabajadores, y la coordinación con las autoridades locales para el uso de las vías públicas.
