El mandatario estadounidense, Joe Biden, estaría dispuesto a sacrificar el sistema de asilo y a incumplir sus compromisos electorales con tal de obtener el respaldo republicano a una partida extraordinaria de más de 60.000 millones de dólares (USD) para continuar financiando el conflicto en Ucrania.
Según fuentes cercanas a las conversaciones, que revelaron a EFE los detalles de las negociaciones con senadores del partido opositor, los demócratas y el Gobierno han ofrecido reactivar las deportaciones exprés en la frontera y aumentar la capacidad del Gobierno para expulsar a los migrantes, entre otras medidas de endurecimiento migratorio.
La Casa Blanca no ha confirmado estas informaciones, pero sí ha indicado que Biden está “abierto a concesiones” si los negociadores logran reunir los apoyos necesarios, explicó a EFE un portavoz del Gobierno en declaraciones escritas.
Presión republicana
Ante la falta de fondos que el Congreso había aprobado previamente para Kiev y para persuadir al reacio bloque conservador de apoyar un nuevo gasto en defensa, la Casa Blanca decidió incluir también más recursos para “seguridad fronteriza”.
La jugada les salió mal: los republicanos tomaron el control de la negociación y aprovecharon para exigir mayores limitaciones a la inmigración y al asilo a cambio de sus votos.
En lugar de rechazar sus demandas, la Casa Blanca intensificó su participación en las conversaciones, enviando a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre ellos el secretario Alejandro Mayorkas, al Congreso.
Decenas de legisladores demócratas, incluyendo su número dos en el Senado, Dick Durbin, y los miembros del caucus hispano de la Cámara de Representantes, han expresado su firme oposición al intercambio que está considerando la Administración.
A su vez, han instado a Biden a que cumpla sus promesas de campaña de revertir las políticas antiinmigración del expresidente Donald Trump (2017-2021).
Destruir el asilo
Expertos en migración y organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado que las propuestas que se están manejando, en especial la de reactivar las deportaciones exprés, destruirían el sistema de asilo en Estados Unidos, al que actualmente se están acogiendo la mayoría de personas que cruzan la frontera.
Bajo la ley actual, que se adoptó tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se comprometió a dar protección a las personas que no pueden volver a sus países por miedo a persecución por motivos de “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política”.
Para obtener esta protección, es requisito también que la persona esté en territorio estadounidense. Deportación “exprés” significa entonces que las autoridades pueden expulsar a alguien sin darle oportunidad a pedir asilo.
Hasta mayo de este año, la frontera sur de Estados Unidos estuvo regida por el Título 42, una restricción similar a la que se está negociando y que impuso en su momento el Gobierno de Trump con el pretexto de la pandemia.
Revivir una práctica similar hará que la ley estadounidense “esté completamente alejada del derecho internacional”, dijo a EFE Yael Schacher, directora para América de la organización Refugees International.
Con información de SWI swissinfo.ch.
