El Gobierno de España aseguró que garantizará la preservación de la “autonomía estratégica” del país tras la entrada en Telefónica del grupo saudita STC, que se ha convertido en el mayor accionista del gigante español de las telecomunicaciones con una participación del 9,9%.
“Telefónica no es solo una empresa emblemática, sino un operador estratégico y el gobierno va a velar por preservar la autonomía estratégica de España“, declaró a la televisión pública TVE la ejecutiva izquierdista, Isabel Rodríguez.
Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, dijo ante periodistas en Bruselas que Madrid ha “reforzado” en los últimos años los mecanismos de protección de sus “sectores estratégicos”, y prometió aplicar “todos los mecanismos que sean necesarios” para defender sus intereses.
El grupo STC (Saudi Telecom Company) anunció la adquisición de una participación de 9,9% de Telefónica por 2.100 millones de euros, convirtiéndose en el primer accionista del gigante español, presente sobre todo en América Latina y el Reino Unido.
Si se trata de una actividad relacionada con la Defensa, como ocurre con Telefónica, que ofrece servicios de telecomunicaciones al ejército español, el comprador debe obtener también la aprobación del ministerio de Defensa si quiere derecho a voto, en adquisiciones superiores al 5%.
“Preservar nuestra autonomía estratégica es esencial”, expresó en la red social X (antes Twitter) la ministra de Trabajo y jefa de la izquierda radical, Yolanda Díaz, quien pidió “una mejor regulación y una protección para evitar” las compras consideradas hostiles, sobre de empresas sensibles.
Si se trata de una actividad relacionada con la Defensa, como ocurre con Telefónica, que ofrece servicios de telecomunicaciones al ejército español, el comprador debe obtener también la aprobación del ministerio de Defensa si quiere derecho a voto, en adquisiciones superiores al 5%.
“Preservar nuestra autonomía estratégica es esencial”, expresó en la red social X (antes Twitter) la ministra de Trabajo y jefa de la izquierda radical, Yolanda Díaz, quien pidió “una mejor regulación y una protección para evitar” las compras consideradas hostiles, sobre de empresas sensibles.
