La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) manifestó este lunes su inquietud por “las acciones arbitrarias” y “los abusos de autoridad” de los agentes de seguridad de Venezuela contra personas Lgbti, y le exigió al país que “abstenga de criminalizar” a este grupo.
“La comisión solicita a Venezuela que respete los derechos humanos y que cese la criminalización de las personas Lgbti en estricta observancia de los principios de igualdad y no discriminación. Asimismo, le pide al Estado que asegure el principio de legalidad, garantizando la libertad de las personas en casos donde no se establezca culpabilidad o delito”, expresó la Cidh.
El pronunciamiento, publicado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), hace referencia a la reciente captura de 33 hombres durante una operación policial en un lugar privado frecuentado por personas Lgbti en Valencia (Carabobo), los cuales ya fueron excarcelados, “bajo régimen de presencia en los juzgados”.
“Si bien el operativo se originó supuestamente por quejas de vecinos relacionadas con el ruido, personas defensoras de derechos humanos sostienen que la motivación detrás de estas detenciones ha sido el prejuicio y la discriminación hacia esas personas por su orientación sexual”, indicó la comisión.
Esto, agregó, se da en un contexto en el que las “personas Lgbti están especialmente expuestas a acciones arbitrarias o abusos de autoridad por agentes de seguridad del Estado”, basados en “prejuicios contra sus orientaciones sexuales o identidades de género no normativas”.
“La Cidh recuerda que la criminalización de relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, ya sea a través de leyes o por acciones de los órganos de seguridad y justicia, es contraria a los estándares interamericanos y universales de derechos humanos”, afirmó.
La comisión también instó a las autoridades a “abstenerse de exponer públicamente a las personas imputadas y a velar por el estricto cumplimiento de los estándares de debida diligencia”.
El pasado viernes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que el Ministerio Público (MP) solicitaría el sobreseimiento de la causa contra 30 de los 33 hombres, mientras que a los otros tres, a los que identificó como los dueños del lugar, “se les van a seguir las investigaciones”.
