Los acreedores de la deuda emitida por la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que cuenta con el aval de una participación mayoritaria en la refinería estadounidense Citgo Petroleum, solicitaron al máximo tribunal del estado de Nueva York que rechace las alegaciones de que los bonos son inválidos.
Los abogados de la oposición venezolana, que ha controlado los activos de Pdvsa en Estados Unidos, incluyendo Citgo, desde 2019 debido a las sanciones al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, argumentaron en abril ante la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York, con sede en Albany, que los bonos no contaron con el visto bueno de la Asamblea Nacional del país sudamericano.
El fideicomisario de los bonistas Mufg Union Bank y GLAS Americas, su agente de garantía, respondieron que la afirmación de que los bonos eran ilegales según la ley venezolana no tiene relevancia en Nueva York, donde fueron emitidos, recoge Reuters.
También dijeron que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición cuando se emitieron los bonos en 2016, nunca declaró los bonos ilegales.
“Los tribunales de Nueva York no deben alentar a los emisores a tratar de eludir sus deudas abandonando sus propios compromisos y representaciones anteriores”, afirmaron los abogados de MUFG y GLAS en un escrito del 2 de junio que se hizo público esta semana.
Pdvsa incumplió el pago de los bonos
Pdvsa incumplió el pago de los bonos, que vencieron en 2020, debido a una catástrofe económica que dejó al Gobierno de Maduro sin liquidez.
Los bonos están respaldados por una participación del 50,1% en Citgo Holding, una entidad registrada en Delaware a través de la cual Pdvsa posee Citgo, la octava refinería más grande de Estados Unidos y cuyos activos han sido valorados en unos 13.000 millones de dólares (USD), con una red de refinación de 807.000 barriles por día (bpd).
Para evitar perder el control de Citgo, la oposición venezolana presentó una demanda en un tribunal federal de Manhattan, argumentando que la falta de aprobación de la Asamblea Nacional hacía que los bonos fueran inaplicables.
La jueza federal Katherine Polk Failla inicialmente se puso del lado de los bonistas. Pero el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito con sede en Manhattan dijo más tarde que una sección del código comercial del estado de Nueva York podría interpretarse como que implica que la validez de un valor, como un bono, se determina por la ley local de la jurisdicción donde se emite.
Ese tribunal pidió a la Corte de Apelaciones del estado de Nueva York que considerara la cuestión.
