Con la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representantes del Gobierno venezolano, organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores inicia este lunes una nueva sesión del denominado Foro de Diálogo Social, la tercera desde marzo del año pasado.
Las mesas de trabajo instaladas en la isla de Margarita, deben concentrarse, hasta el jueves, en revisar avances en cuanto al cumplimiento de acuerdos orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita.
William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB), uno de los sectores más golpeados por los bajos sueldos que perciben, dijo esperar que la OIT otorgue una “atención seria” a los problemas laborales.
“Esperamos de la OIT que, no solamente discuta unos sueldos acordes con la realidad económica venezolana y que saquen de la miseria (…) a los trabajadores venezolanos, sino que discuta también las severas afectaciones que ha sufrido la protección social de los trabajadores venezolanos en los últimos 20 años”, afirmó.
Exigen “voluntad real”
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denuncia que el Estado venezolano no ha cumplido ni el 10% de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT formuladas en septiembre del 2019 y sostiene que los resultados de las reuniones previas con la OIT son “insuficientes”.
“En ninguno de los temas ha habido real voluntad del Gobierno venezolano de avanzar en una agenda consensuada para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, derogar toda la legislación que criminaliza la actividad sindical y obstaculiza la realización de elecciones sindicales de manera autónoma”, expresó en un comunicado.
La CTV insiste en que la fijación del salario mínimo no puede obviar la emergencia humanitaria compleja, la elevada inflación y la caída del PIB en más de un 70%.
También pide que se tome en cuenta la realidad regional, donde el sueldo mínimo mensual se sitúa sobre los 200 dólares (USD).
La central obrera, además, exige el cese de la represión y la criminalización de sindicalistas que, aseguran, han sido perseguidos por sus actividades de protesta legítima.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez solicitó el año pasado a la OIT investigar la situación de la economía y de los trabajadores de al menos 30 países sobre las que pesan sanciones de la comunidad internacional.
Con información de VOA.
