El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) hizo un anuncio que resuena en los corredores del poder global. El lunes, se reveló que se solicitarán mandatos de captura contra figuras clave de Israel y Hamás, incluyendo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por su participación en el conflicto que ha durado siete meses.
Karim Khan, el fiscal en cuestión, expresó su convicción de que Netanyahu, junto con su Ministro de Defensa, Yoav Gallant, y un trío de líderes de Hamás —Yehia Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh—, tienen responsabilidad directa en la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad tanto en la Franja de Gaza como en Israel.
Para que estos mandatos de captura se materialicen, Khan debe presentar la solicitud ante un panel de tres magistrados prejuicio, quienes tendrán la tarea de examinar las evidencias durante aproximadamente dos meses para decidir si hay méritos suficientes para proceder.
A pesar de que Israel no forma parte de la CPI, y aunque se expidan dichos mandatos, ni Netanyahu ni Gallant corren peligro inminente de ser llevados a juicio. No obstante, este anuncio incrementa el ya palpable aislamiento de Israel en medio de su campaña bélica, y la posibilidad de arresto podría entorpecer significativamente los desplazamientos internacionales de sus líderes.
Se presume que Sinwar y Deif se mantienen ocultos en Gaza, eludiendo la búsqueda israelí. Por otro lado, Haniyeh, la máxima autoridad del ente armado islámico, reside en Catar y es conocido por sus frecuentes viajes por la región.
La decisión es “un delito de magnitudes históricas“
Benny Gantz, excomandante militar y colega de Netanyahu y Gallant en el Consejo de Guerra, lanzó una crítica feroz contra la declaración de Khan, asegurando que Israel combate siguiendo “uno de los códigos morales más rigurosos” y que cuenta con un sistema judicial robusto, capaz de autoevaluar sus propias acciones.
Gantz declaró: “El estado de Israel está librando una de las guerras más justas de la historia moderna, en respuesta a una masacre atroz perpetrada por el grupo terrorista Hamás el 7 de octubre”. Añadió que “la decisión del fiscal de solicitar órdenes de arresto constituye en sí misma un delito de magnitudes históricas que será recordado por generaciones”.
La contienda israelí se desató como represalia a un asalto transfronterizo de Hamás el 7 de octubre, que resultó en la muerte de aproximadamente 1.200 personas, en su mayoría civiles, y la captura de 250 individuos como rehenes. La respuesta militar de Israel ha causado la muerte de cerca de 35.000 palestinos, con estimaciones que indican que al menos la mitad eran mujeres y niños, según los últimos datos proporcionados por las autoridades sanitarias de Gaza. Además, la ofensiva ha generado una crisis humanitaria en la región, desplazando al 80% de la población y dejando a cientos de miles al borde de la hambruna, de acuerdo con informes de la ONU.
En relación con las medidas israelíes, Khan señaló en un comunicado que “los efectos de usar el hambre como arma de guerra, sumados a otros ataques y castigos colectivos contra la población civil de Gaza, son severos, visibles y ampliamente reconocidos. Estos incluyen malnutrición, deshidratación, sufrimiento agudo y un número creciente de víctimas mortales entre los palestinos, incluyendo bebés, niños y mujeres”.
Respecto a los actos de Hamás del 7 de octubre, Khan relató haber presenciado “las escenas desoladoras de estos ataques y el impacto profundo de los imperdonables crímenes detallados en las solicitudes presentadas hoy. Al hablar con los supervivientes, escuché cómo el amor dentro de una familia, los lazos más íntimos entre padres e hijos, fueron manipulados para infligir un dolor inimaginable mediante una crueldad calculada y una brutalidad extrema. Tales actos exigen una rendición de cuentas”.
