La Defensoría del Pueblo de Venezuela junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) establecieron un acuerdo fundamental este lunes, cuando ambas entidades ratificaron una carta de entendimiento que sella su compromiso conjunto para la promoción y salvaguarda de los derechos de aquellos que buscan refugio en la nación.
Desde la Defensoría se comunicó que el pacto recién firmado contempla la realización de programas de formación “con instituciones gubernamentales, populares y de los actores sociales”. Estos programas estarán enfocados en la educación sobre los derechos humanos dentro de los marcos de movilidad humana y abordarán “otros temas de interés en común”.
Además, se ha previsto la creación de estrategias de incidencia que involucren a “instituciones gubernamentales, organizaciones sociales o comunitarias y actores sociales”, con el fin de atender las demandas particulares de aquellos que requieren protección internacional en Venezuela.
El documento fue suscrito por Alfredo Ruiz, defensor del pueblo, y Enrique Valles, representante a cargo de Acnur en Venezuela.
Ruiz expresó su gratitud hacia Acnur por el respaldo brindado a las instituciones que operan en las fronteras, en pro de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo.
En un esfuerzo por abordar la situación migratoria de manera global, el Gobierno de Venezuela solicitó el apoyo de las Naciones Unidas en septiembre pasado para la organización de una conferencia internacional sobre migración en el país. La meta es alcanzar “acuerdos y compromisos conjuntos” que aseguren los derechos de los migrantes.
El canciller venezolano, Yván Gil, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, enfatizó la importancia de proteger a los migrantes de la estigmatización y criminalización, declarando: “No podemos permitir que los y las migrantes sean estigmatizados y criminalizados”. Gil también reconoció que el “fenómeno de la migración internacional” representa uno de los “grandes desafíos que enfrenta hoy la humanidad”.
El año anterior, el Ejecutivo venezolano criticó la “politización” de Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como la “manipulación y el desvergonzado desapego al rigor científico en el manejo de las cifras de migrantes”, lo que considera un ataque directo a los derechos vinculados a la movilidad humana.
De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por Acnur y la OIM, aproximadamente 7,7 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años.
Con información de SWI swissinfo.ch.
