El sábado, la oposición venezolana, representada por su delegación negociadora, acusó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de incumplir parcialmente el acuerdo de Barbados, firmado en octubre, al ratificar la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado y aumentar la “represión” contra sus adversarios políticos.
Gerardo Blyde, coordinador de la delegación opositora, exigió que se revocara la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que el viernes confirmó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de Machado y del excandidato presidencial Henrique Capriles, quienes habían presentado recursos en diciembre para impugnar la medida.
Blyde dijo en una rueda de prensa en Caracas que el Gobierno había violado el procedimiento de revisión de las inhabilitaciones que se había pactado en el marco del acuerdo de Barbados. “El procedimiento acordado significaba un juicio, no un juicio sumario, un paredón”, expresó.
Gobierno rechaza la petición de la oposición
Foto: Asamblea Nacional de Venezuela.
Por su parte, el Gobierno, representado por su delegación oficialista, rechazó la petición de Blyde de revertir la medida contra Machado y aseguró que sigue en la mesa de diálogo y que ha respetado todos los acuerdos firmados y discutidos.
Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda y miembro de la delegación oficialista, dijo en una rueda de prensa desde la sede del Parlamento oficialista que la decisión del TSJ era definitiva y que no se iba a revisar. “Lo que pasó a solicitud de la oposición de un procedimiento expedito ya es cosa juzgada en Venezuela; no vamos a volver a llover sobre mojado”, afirmó.
Oposición denunciará la “violación parcial” del acuerdo
Blyde anunció que el lunes presentará ante Noruega, país facilitador del proceso de negociación, y el resto de los países acompañantes, la denuncia de la “violación parcial” del acuerdo de Barbados. Asimismo, solicitó a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Francia, Emmanuel Macron y de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, que intervengan para que el gobierno cumpla con el acuerdo.
Blyde insistió en que el objetivo de la oposición es lograr elecciones presidenciales libres este año en Venezuela y que el acuerdo de Barbados era un instrumento para avanzar en esa dirección. “Es evidente cómo han venido desintegrándose las condiciones en que estábamos para el acuerdo de Barbados. Es para avanzar, no para retroceder”, declaró.
Blyde también exigió al Gobierno que cumpla el acuerdo en toda su extensión y que cese el “escalamiento represivo” contra activistas sociales y actores políticos, y mencionó algunas de las acciones que se han dado en los últimos días contra miembros del partido de Machado.
La semana pasada, varias sedes de partidos políticos y organizaciones gubernamentales aparecieron con grafitis de “furia bolivariana”, un plan cívico-militar policial del Gobierno para enfrentar “cualquier intentona terrorista”, que la disidencia considera como parte de una estrategia de persecución del chavismo.
Machado sigue siendo la candidata presidencial
Blyde, además, afirmó que Machado, quien ganó la primaria opositora celebrada en octubre, sigue siendo la candidata presidencial de la oposición. También ratificó que creen en la vía electoral y se desmarcan de los planes conspirativos denunciados por el gobierno.
El Gobierno de Estados Unidos anunció el sábado que, tras la decisión del TSJ, se encuentra revisando su política de sanciones a Venezuela.
Oposición aclara que no solicita sanciones
Blyde también aclaró que no están “pidiendo sanciones” al Gobierno de Estados Unidos, que tras la firma del acuerdo en Barbados, otorgó licencias generales que permiten “temporalmente”, algunas operaciones que involucran al sector petrolero venezolano, pero que advirtió que las medidas serían revocadas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el fin de las inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
El mes pasado, el gobierno de Estados Unidos liberó a Álex Saab, un aliado cercano del presidente Nicolás Maduro, como parte de un canje por ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. También fueron liberados unos 30 venezolanos considerados presos políticos.
¿Qué son las inhabilitaciones políticas?
Una inhabilitación política es una sanción contra funcionarios públicos que incurren en irregularidades en su gestión y les prohíbe, por un periodo determinado por las autoridades, ejercer cargos públicos. Inhabilitaciones como las de Machado han sido administrativas, a través de la Contraloría General de la República (CGR) y cuestionadas por no darse mediante un proceso judicial.
Varios sectores de la sociedad civil han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido usadas por el Gobierno para “eliminar” a opositores o chavistas disidentes que quieren postularse a un cargo de elección popular.
Con información de Voz de América (VOA).
