El martes, uno de los abogados de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, acusó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de no darles acceso al expediente del recurso presentado contra la inhabilitación política que le impide inscribirse como candidata.
Perkins Rocha, abogado y miembro de Vente Venezuela, partido político que lidera Machado, advirtió que al negar el acceso al expediente para conocer el procedimiento judicial, la Sala Político Administrativa del TSJ deja a Machado en una “peligrosa situación de indefensión”.
“El TSJ pone en peligro el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados”, añadió Rocha en un hilo que publicó en su cuenta en la red social X.
El 15 de diciembre Machado acudió ante el TSJ para introducir una queja junto a una solicitud de amparo cautelar contra la “vía de hecho” de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años que le habría impuesto la Contraloría General de la República (CGR), una medida que asegura nunca le fue notificada.
En noviembre, el Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, difundió un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.
El mecanismo establece que “cada persona inhabilitada”, entre el 1 y el 15 de diciembre, podría ejercer un recurso contra la medida ante TSJ, que “se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado”.
Después de que Machado, quien con más de 2 millones de votos ganó la primaria presidencial de la oposición celebrada en octubre, ejerció el recurso, el TSJ solicitó a la CGR la información relacionada con la inhabilitación de Machado, que incluye la copia certificada de los actos administrativos por los que le habría sido impuesta la sanción.
Los abogados de Machado denuncian que tampoco pueden “conocer de primera mano del supuesto cumplimiento” de ese requerimiento.
En la mira de USA
Tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición en octubre, Estados Unidos emitió licencias generales que autorizan “temporalmente”, algunas transacciones que involucran al sector de la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas “si no se cumplen los compromisos estipulados”, entre ellos el levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
A finales del mes pasado el Gobierno de Estados Unidos liberó a Álex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, como parte de un intercambio por ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela. Al menos 24 venezolanos considerados presos políticos también fueron excarcelados.
La oposición y otros sectores de la sociedad civil dentro y fuera de Venezuela han denunciado que las inhabilitaciones son “arbitrarias” y que han sido utilizadas por el gobierno para “sacar de juego” a opositores o chavistas disidentes que aspiran a un cargo de elección popular.
En julio del año pasado, el Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la ONU (Acnuch), Volker Türk, instó al Estado venezolano a levantar “todas las restricciones indebidas” al derecho a participar en asuntos públicos, ante los venideros procesos electorales en el país.
Con información de Voz de América.
