El Gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, anunció una medida drástica para reducir el gasto público en el país: no renovar los contratos de miles de trabajadores estatales que fueron contratados en 2023.
Según el diario La Nación, esta medida afectaría a unas 7.000 personas que se incorporaron al Estado este año y que ahora se quedarían sin empleo.
La medida se oficializó mediante el decreto 84/2023, que se publicó en el Boletín Oficial. El decreto establece que no se renovarán las contrataciones del personal que empezó a prestar servicios desde el 1 de enero de 2023. Además, se revisarán los contratos de miles de trabajadores que ingresaron antes de esa fecha.
El decreto ordena que las autoridades de cada jurisdicción hagan un relevamiento exhaustivo del personal contratado antes del 1 de enero de 2023 para evaluar si se renuevan o no sus contratos.
“Instrúyase a las autoridades competentes de cada jurisdicción (…) a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”, dice el decreto.
También indica que, si se decide renovar algunos contratos, se deberá justificar la decisión demostrando la necesidad de mantener esos puestos de trabajo.
Algunos casos especiales
El decreto contempla algunas excepciones al recorte de personal. Se trata de las contrataciones que se derivan de cupos establecidos por ley u otras protecciones especiales. Por ejemplo, el cupo laboral para personas trans que está previsto por ley.
Asimismo, se resguardan los derechos de los trabajadores que entraron al Estado antes del 1 de enero de 2023 y que cambiaron su modalidad de contratación. También se protege a quienes, según el criterio de los responsables de cada entidad, realizan tareas indispensables para el funcionamiento de cada jurisdicción, de forma restrictiva y fundada, y cuya continuidad sea necesaria “por razones impostergables de funcionamiento”.
El decreto se basa en el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la estructura nacional y redujo de 18 a ocho el número de ministerios.
“Se efectuó una reestructuración orgánica con la finalidad de optimizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones (…) la presente medida se condice con aquellos objetivos y a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública”, sostiene el decreto.
Con información de RT.
