El Gobierno de Nicolás Maduro descalificó el nuevo informe de la misión de la ONU que documentó violaciones de los Derechos Humanos en el país, y lo tachó de “panfleto” lleno de “acusaciones falsas y sin fundamento”.
El informe, que se basó en más de 2.500 entrevistas a víctimas, testigos y familiares, afirmó que las autoridades venezolanas siguieron reprimiendo a las voces críticas con el objetivo de silenciarlas.
El Ministerio de Exteriores venezolano emitió un comunicado en el que rechazó “categóricamente” el informe y lo acusó de ser parte de una “política criminal e injerencista” impulsada por Estados Unidos y sus aliados para “mancillar” la imagen de Venezuela y justificar las sanciones internacionales, que calificó de “criminales e ilegales”.
Caracas consideró que la misión de la ONU era un “esperpento” del Grupo de Lima, el bloque formado por países latinoamericanos críticos con el Gobierno de Maduro, y que sus integrantes eran “mercenarios tarifados” que “mintieron sobre un tema tan sagrado como los Derechos Humanos”.
El Gobierno venezolano insistió en que no reconocía ni colaboraba con este tipo de “mecanismos paralelos, innecesarios y agresivos”, y reivindicó su “compromiso” con la “promoción, respeto y protección” de los Derechos Humanos.
Asimismo, reclamó el “respeto a la soberanía” y la “no injerencia en los asuntos internos”.
