El Parlamento opositor venezolano está a punto de cerrar un pacto con los acreedores internacionales para postergar el vencimiento legal de unos 60.000 millones de dólares (USD) en bonos impagos, de acuerdo con fuentes cercanas al plan consultadas por Bloomberg.
El acuerdo, que podría ser aprobado por los opositores y presentado a los tenedores de bonos esta misma semana, según dos de las fuentes, consistiría en suspender el estatuto de limitaciones sobre la deuda hasta finales de 2028. Los términos aún podrían cambiar, ya que las negociaciones siguen en curso.
Para que el pacto sea efectivo, se requiere el respaldo de Estados Unidos. Sin ese apoyo, los acreedores han amenazado con demandar a Venezuela en los tribunales estadounidenses para proteger sus derechos de cobro, lo que podría generar un conflicto legal que dificultaría cualquier futuro proceso de renegociación.
Los bonos han acumulado unos USD 30.000 millones en intereses desde que Venezuela entró en default en 2017.
Los representantes del Departamento de Estado y de la oposición venezolana no respondieron a las consultas de Bloomberg sobre si el Gobierno estadounidense apoyaría la medida.
Hans Humes, jefe de Greylock Capital Management, miembro de un comité de acreedores que posee más de USD 10.000 millones de la deuda venezolana, dijo que se necesita un acuerdo porque la política estadounidense hacia Venezuela ha creado un “pantano legal”.
“Es bueno saber que los venezolanos de todo el espectro político se dan cuenta de lo dañina que sería la ola de litigios integrales”, dijo.
Los bonos del Gobierno y de las empresas petroleras estatales se cotizan a niveles muy bajos, tan bajos como 4 centavos por dólar. Los inversores estadounidenses tienen prohibido comprarlos debido a las sanciones.
Maduro también hizo una oferta
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro también hizo una oferta similar en marzo, ofreciendo suspender el estatuto por cinco años o hasta que el gobierno estadounidense levante las sanciones.
Sin embargo, esa oferta no era aplicable en Estados Unidos, ya que no es reconocido oficialmente como presidente de Venezuela. Para que sea válido, un statu quo solo podría provenir de la oposición.
