Las autoridades venezolanas anunciaron este jueves un plan para disminuir la población de 25.000 internos que se encuentran en las estaciones policiales del país, que son centros de detención preventiva y no cárceles permanentes.
El plan consiste en realizar audiencias de juicio dentro de los mismos calabozos, con la presencia de un fiscal y un juez, para agilizar los procesos penales y evitar que los detenidos permanezcan años en estos lugares, que solo deberían albergarlos por 48 horas.
Así lo informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien se reunió con el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, y representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para acordar “convertir los centros preventivos” en “casas de paz”.
Esta medida se da un día después de que se resolviera un motín en unos calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Aragua, donde unos 100 presos tomaron como rehenes a cuatro policías para reclamar el fin de los “abusos” y el retardo en sus casos judiciales.
Tras dos días de tensión, los reos liberaron a los cuatro agentes, sanos y salvos, luego de que un juez les garantizara el traslado de varios de ellos a diferentes penales y la revisión de sus expedientes.
El Gobierno informó en abril que está acondicionando un conjunto de calabozos en la capital del país, Caracas, para albergar a detenidos por períodos cortos de tiempo.
