La frontera entre Colombia y Venezuela esconde cientos de cuerpos de víctimas de desaparición forzada por el conflicto armado. Para encontrarlos, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) de Colombia llegó a un acuerdo con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien confesó su participación en estos crímenes.
Revelaciones de un exparamilitar
Mancuso, que fue líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ofreció nuevos datos que ayuden a localizar puntos de interés forense en la zona limítrofe. Así lo hizo ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia, donde declaró que hay más de 200 cadáveres que fueron arrojados a fosas comunes en territorio venezolano con la complicidad del Ejército.
La Ubpd expresó su voluntad de avanzar en las acciones de búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado en la región fronteriza. Señaló que son “conscientes del reto sin precedentes que supone la búsqueda de personas desaparecidas en una misión humanitaria de carácter binacional, algo inédito”.
El organismo ha indicado que está trabajando con el Ministerio de Justicia para concretar los procesos de esta misión, “que será un hecho de absoluta reparación para las víctimas”.
La situación de Mancuso
El exlíder paramilitar se encuentra desde hace dos años en un centro de retención de inmigrantes de Atlanta, Estados Unidos, a la espera de su extradición a Colombia, donde hace unos meses se le concedió cuatro años de libertad condicional.
Sin embargo, aún tiene cuentas pendientes con la Justicia por su pasado al frente de las AUC. Por eso, declaró ante la JEP en su último intento por acogerse como tercer colaborador a la justicia especial.
Mancuso, alias Triple Cero, admitió haber estado implicado en al menos 300 asesinatos, entre ellos los de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse al mecanismo Ley de Justicia y Paz, promovido por el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a paramilitares.
Además, tiene abiertos dos procesos judiciales en Colombia por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi 1.000 personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.
