Guyana, el vecino de Venezuela que se disputa con Caracas el control del Esequibo, enfrenta un creciente problema de contrabando de migrantes que ha aumentado en los últimos meses.
Según las autoridades locales, entre enero y mayo de 2023 se han detectado 244 migrantes indocumentados en el país, 23 de ellos menores de 18 años.
Estas personas son víctimas de redes criminales que las reclutan y las trasladan ilegalmente a través de las fronteras, con fines de explotación laboral o sexual.
En el mismo período, cinco personas han sido acusadas por diversos delitos relacionados con el tráfico ilegal de personas, como agresión, falsificación de dinero y operación de un burdel.
Uno de los casos más graves es el de un hombre que fue condenado por regentar un prostíbulo y que ahora enfrenta dos cargos más por contrabando de migrantes.
Desafíos para la prevención
El Gobierno de Guyana ha reconocido que se trata de una batalla difícil, debido al uso de plataformas en línea por parte de los contrabandistas para captar y coaccionar a las personas más vulnerables.
Además, el país tiene una extensa línea costera y una geografía selvática que dificultan el control fronterizo.
Ante esta situación, el Gobierno ha expresado su intención de combatir este tipo de crimen, que viola los derechos humanos.
“Por ello, es imprescindible que los oficiales de las fuerzas de seguridad se mantengan vigilantes para afrentar estos nuevos patrones criminales y modificar su manera de investigar y acusar a los contrabandistas sin impunidad”, aseguró el Departamento de Interior de Guyana.
A pesar de los desafíos, Guyana ha logrado avances significativos en la lucha contra el tráfico ilegal de personas. El país se ubica en el Nivel Uno en el Reporte de Tráfico de Personas de la Oficina del Departamento de Vigilancia y Lucha Contra el Tráfico de Personas de Estados Unidos.
Esta categoría se otorga a aquellos países cuyos Gobiernos cumplen plenamente con la Ley de Víctimas de Contrabando y Protección de Violencia del 2000.