El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, publicó el lunes una carta en la que solicita la liberación del trabajador de Ferrominera del Orinoco, Rodney Álvarez, quien en junio de 2021 recibió una sentencia de 15 años.
Álvarez actualmente cumple prisión en la cárcel El Rodeo II, en el estado Miranda.
En la misiva dirigida a la juez décimo primera de juicio de Caracas, el fiscal titular noveno nacional pleno del Ministerio Público (MP), Regino Cova, solicitó la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre Álvarez.
De igual manera el fiscal pidió acordar una “medida de libertad plena sin restricciones”.
“Ello en virtud de que en el devenir del proceso, el acusado ha demostrado la intención de colaborar con el proceso, manteniendo una conducta ejemplar, así como ha cumplido – desde su detención hasta ahora – el 83 % de la pena mínima a imponer, siendo que de haber admitido hechos, ya hubiese cumplido con la misma, poniendo fin al proceso seguido en su contra”, destaca.
La posible liberación de Álvarez se produce en un momento donde la Corte Penal Internacional (CPI) sigue de cerca los avances de Venezuela en materia de derechos humanos y liberación de presos políticos.
Caso Rodney Álvarez
Rodney Álvarez fue acusado por el asesinato del también ferrominero Renny Rojas, de 28 años, quien recibió un disparo el 9 de junio de 2011 en medio de una trifulca en la sede de la empresa mientras se escogía a la comisión electoral para las elecciones del sindicato.
El exsindicalista padeció 10 años de retardo procesal, 10 aperturas de juicio, más de 25 audiencias diferidas y al menos tres atentados durante su reclusión en El Rodeo II.
En ese momento, Héctor Maicán, secretario de finanzas de Sintraferrominera y miembro de la Federación Bolivariana de Trabajadores (FBT), fue señalado de ser el responsable del ataque.
De acuerdo con los testigos, fue él quien disparó contra la multitud y luego huyó a las oficinas de la directiva.
La organización Provea señaló que Maicán fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y presentado en tribunales por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles.
Sin embargo, fue liberado dos días bajo régimen de presentación.
Poco después, Álvarez fue detenido y acusado de ser quien accionó el arma bajo órdenes del secretario de Sintraferrominera.
Desde entonces distintas instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han exigido la liberación del sindicalista.
