La Asamblea de Ecuador aprobó el jueves la denominada Ley de Interrupción del Embarazo por Violación para normar una decisión de la Corte Constitucional que en abril del año pasado despenalizó el aborto en los embarazos productos de una violación.
La decisión de ese organismo se produjo con el voto a favor de 75 legisladores, mientras que otros 41 se pronunciaron en contra y 14 se abstuvieron. En lo medular, el nuevo cuerpo legal permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en el caso de mujeres mayores de edad en zonas urbanas, y hasta las 16 semanas las menores de edad o mujeres de sectores rurales, refirió The Associated Press.
Una de las asambleístas que más abogaron por esta causa, Johana Moreira, dijo en un discurso en el pleno del órgano legislativo y con la voz entrecortada por la emoción que “hemos tenido que regatear los plazos justos, hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso, por sin duda, es una decisión totalmente necesaria”.
La Corte Constitucional había aprobado en abril de 2021 la despenalización del aborto por violación, pero el legislativo ecuatoriano quedó con la misión de reglamentarlo. Desde antes se permitía la suspensión de la gestación cuando amenazaba la vida de la madre por cualquier causa.
La nueva ley, que debe ser enviada al ejecutivo para observaciones o veto del presidente Guillermo Lasso, fue producto de la sostenida lucha de grupos feministas y de mujeres que denunciaban miles de casos anuales de violación y de la criminalización del aborto, que por otras causas es castigado con penas de cinco a siete años de cárcel para las madres y con uno a tres años para quien les ayude a practicarlo. El mandatario se ha definido como defensor de la vida desde la gestación, aunque en campaña ofreció respetar las decisiones de quienes no coinciden con su pensamiento.
La Fiscalía de Ecuador registró entre 2016 y 2020 más de 27.000 denuncias de violación. En 2016 se produjeron 4.884 casos, en 2017 fueron 5.045, en 2018 se reportaron 5.667 y en 2019 hubo 6.034. Para 2020 se redujo a 5.450, pero la baja no se atribuye a la reducción del delito, sino a que las víctimas no podían salir por las políticas para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Los grupos Pro Vida se oponen radicalmente al proyecto aduciendo que la vida debe respetarse desde la concepción. Han hecho manifestaciones y marchas con decenas y cientos de participantes vestidos de blanco en defensa de los no nacidos.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Derechos Humanos, anualmente más de 3.000 niñas entre 10 y 14 años quedan embarazadas, mientras que el 12 % de jóvenes entre 10 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez.
Aunque los legisladores aún no han aprobado la ley ya mencionada, al menos 21 mujeres han logrado abortos seguros recurriendo a recursos legales interpuestos por organizaciones de mujeres.
Entre los países americanos que permiten la interrupción del embarazo sin ninguna condición están Argentina, Uruguay y Cuba. Estados Unidos y Canadá también lo permiten, mientras que en Bolivia, Colombia y Perú es posible en casos de violación o incesto, entre otros. En contraste, en Brasil, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela, se prohíbe el aborto, excepto cuando amenaza la salud de la madre, aunque en algunos estados mexicanos han añadido otras causas.
El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben la interrupción del embarazo sin excepciones.
