En un giro de acontecimientos que reivindica la postura de Venezuela de hace tres años, la Comisión Europea cesó la distribución de la vacuna de AstraZeneca contra el covid-19, una medida que el presidente Nicolás Maduro había anticipado protegería a la población de posibles efectos adversos.
La farmacéutica AstraZeneca, con base en el Reino Unido, solicitó a la entidad europea la suspensión tras reconocer que “puede, en casos muy raros, causar TTS (síndrome de trombosis con trombocitopenia)”. El martes 7 de mayo, la restricción tomó efecto.
En marzo de 2021, el ejecutivo venezolano comunicó a la Organización Panamericana de la Salud su decisión de rechazar las dosis de AstraZeneca provistas por el mecanismo Covax, establecido por la Organización Mundial de la Salud para asegurar una distribución justa de las vacunas. El mandatario expresó en su momento:
“Venezuela ha autorizado un conjunto de vacunas que son las que van a entrar (…). No va a entrar ninguna vacuna al país, ni debe ser enviada, que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales, por los institutos farmacológicos, por las autoridades sanitarias”.
La resolución del gobierno se basó en reportes técnicos sobre reacciones adversas asociadas a la vacuna AstraZeneca, incluyendo varios fallecimientos en Europa, lo que llevó a varios países a pausar su aplicación.
Es importante señalar que, previo a la prohibición de Maduro, naciones como Alemania, Francia, Italia y España ya habían detenido el uso de la vacuna, a pesar de que la OMS seguía recomendando su uso.
Venezuela se distingue por ser la primera nación de América Latina en denegar el uso de la vacuna AstraZeneca.
