Un informe presentado por el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Antonio Peraza SJ, y el activista Luis Betancourt Montenegro, denuncia las graves consecuencias que la minería ilegal tiene sobre los derechos humanos y el medio ambiente de los pueblos indígenas que habitan en los estados Amazonas y Bolívar.
Territorios indígenas bajo asedio
Según el rector de la Ucab, los indígenas que viven al sur de Venezuela han perdido el control de sus territorios ancestrales, que han sido declarados zonas de seguridad por el Gobierno. Esto les impide el acceso a sus conucos, donde cultivan sus alimentos, y a sus rutas tradicionales, donde realizan sus ritos y ceremonias.
Además, la autoridad universitaria alertó que la minería ilegal se ha extendido por más de 111.000 kilómetros cuadrados de tierra en el estado Bolívar, lo que representa una grave amenaza para la biodiversidad y la salud de la Amazonía venezolana.
Peraza señaló que las áreas más afectadas por el daño ecológico son aquellas donde se otorgaron concesiones mineras, y afirmó que Venezuela es el país donde se registra la mayor tasa de deforestación de la Amazonía.
Indígenas sin identidad ni derechos
Otra de las irregularidades que el rector de la Ucab destacó es la violación del derecho a la identidad de las comunidades indígenas, que no cuentan con cédula de identidad y, por lo tanto, no pueden acceder a otros beneficios y procesos que requieren el documento, como la educación, la salud, la participación política y la protección legal.
Por eso, el rector Peraza subrayó la importancia de que la Iglesia acompañe a los pueblos indígenas del sur del país para ayudarles a cambiar su situación, pero no desde una perspectiva local, sino que “la Conver (Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos) puede hacerlo como misión colectiva y es una forma de responder a lo que el papa Francisco nos invita”.
Parque nacional Yapacana en riesgo
Por su parte, el activista Luis Betancourt Montenegro, investigador de derechos indígenas y ambientales y coordinador del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (Griam), expuso el caso del parque nacional Yapacana, en Amazonas, que abarca 33.000 hectáreas y que ha sido invadido por la minería ilegal, donde “confluyen todo tipo de ilegalidades” y sus efectos, entre ellos el desplazamiento forzado de las tribus locales.
Betancourt advirtió que la ciudadanía debe tomar conciencia sobre el impacto ambiental que genera la minería ilegal en el sur del país y que los daños que produce el mercurio no se han medido por falta de interés de las autoridades.
Betancourt indicó que en la región se están impulsando, con el apoyo de organizaciones entre las que se encuentran distintas congregaciones de la Iglesia venezolana, “nuevos modelos de desarrollo solidario y sostenible”, que se oponen a la visión de la “lógica economicista destructora de cultura” y que está relacionada con “la desaparición física de líderes indígenas” que son amenazados por grupos y “mafias de la minería”, según El Ucabista.
Semana Teológica 2024 en la Ucab
Las declaraciones del padre Peraza y del activista Betancourt se realizaron en el marco de la Semana Teológica 2024 en la Ucab, en la ponencia “Minería, daño ecológico, derechos humanos y pueblos indígenas”, donde ambos cuestionaron la minería ilegal y el daño que se le hace a las comunidades originarias de los estados Amazonas y Bolívar.
Con información de Tal Cual.
