El chavismo sufrió un revés este miércoles en el Tribunal General de la Unión Europea (UE), que desestimó un recurso presentado por el Gobierno de Venezuela contra unas medidas acordadas por el Consejo en 2017 para frenar la represión interna
La corte consideró que los Veintisiete tenían motivos suficientes para adoptar dichas medidas, basándose en información fiable y veraz sobre los actos violentos y las violaciones de los derechos humanos cometidos contra manifestantes pacíficos y opositores.
Las medidas en cuestión consistían en la prohibición de exportar material que pudiese ser usado para reprimir a la población, lo que provocó que Venezuela iniciara un litigio ante la Justicia europea, que finalmente resolvió no solo sobre la forma sino también sobre el fondo de las disposiciones adoptadas, determinando que el Consejo Europeo actuó conforme a derecho.
Así, el tribunal entendió por un lado que Venezuela no tenía derecho a ser escuchada antes de la adopción de las “medidas controvertidas”, ya que eso “vaciaría de contenido” el objetivo final de las sanciones contra un país determinado: “Ejercer presión sobre él con el fin de provocar un cambio en su comportamiento”. Tampoco creyó que fuera necesario el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o que se violaran acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Por otra parte, el tribunal concluyó que Caracas conocía de antemano los hechos que se le imputaban y no podía señalar “inexactitud material de los hechos”, ya que “el Consejo se basó en información fidedigna y fiable para apreciar la situación en Venezuela, sin que este país haya demostrado que los hechos invocados adolecieran de inexactitudes materiales”.
“El Consejo pudo considerar que, en la fecha de adopción del Reglamento impugnado, los actos de violencia y el uso excesivo de la fuerza, así como las violaciones de los Derechos Humanos y el menoscabo de la democracia en Venezuela estaban suficientemente acreditados, y que existía el riesgo de que esos incidentes se reprodujeran en el futuro”, dice el comunicado emitido tras la sentencia.
De este modo, el Consejo tenía derecho a determinar, “sin incurrir en error manifiesto de apreciación”, que “en Venezuela se estaban menoscabando la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos”, según los jueces.
