Un juez y un fiscal argentinos iniciaron una pesquisa sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano contra opositores políticos, basándose en el principio de jurisdicción universal.
La Fundación Clooney, que defiende los derechos humanos, denunció en abril a “integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana, sin perjuicio de toda otra responsabilidad que la instrucción eventualmente determine, sea del ámbito de la fuerza y/o de funcionarios gubernamentales de los cuales dependieran” por los asesinatos de manifestantes durante las movilizaciones de 2014, según el periódico argentino Clarín.
El fiscal Carlos Stornelli acogió la denuncia y el juez Sebastián Ramos abrió esta semana la investigación, que involucra a altos cargos chavistas como Justo José Noguera Pietri, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Una lista de militares acusados
Además de Noguera Pietri, otros militares que están bajo la lupa de la Justicia argentina son el general de división José Dionisio Goncalvez Mendoza, excomandante de la Guardia del Pueblo; el general de brigada Arquímedes Herrera Russo, excomandante de la Región Nº2 de Carabobo; el coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilan, exsegundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Región Nº2 de Carabobo; el coronel Ephraín Verdú Torrelles, exsegundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, Estado de Carabobo; el teniente coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, excomandante del Destacamento Nº 24 de la Guardia Nacional Bolivariana; el teniente coronel Carlos Martínez Astudillo, excomandante del Destacamento Norte; el teniente Luis Amaya Chirino; y otros seis sargentos.
El documento al que accedió Clarín contiene los nombres de las víctimas que habrían sido objeto de un ataque “generalizado” y “masivo” por parte de estos funcionarios militares, que causó una “multiplicidad de víctimas”.
Otros organismos consultados
Para avanzar con esta investigación, el fiscal Stornelli solicitó informes al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional (CPI), donde actualmente se lleva a cabo una pesquisa por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Argentina ha aplicado antes el principio de jurisdicción universal a casos como el del 2010, cuando investigó los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en España durante el franquismo. La investigación permitió a una hija recuperar los restos de su padre tras una orden judicial.
En 2021, el fiscal Guillermo Marijuan abrió otra investigación sobre el supuesto genocidio contra la comunidad rohingya en Birmania.
Asimismo, a principios de este año 2023, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (Fader) presentó una denuncia penal para que se indaguen los presuntos crímenes cometidos por autoridades de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el marco de la cumbre de la Celac que se celebró en Buenos Aires.
