El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo este lunes que la activista Rocío San Miguel “fungía como espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional” en el marco de la operación Brazalete Blanco.
Saab indicó que la hispano-venezolana, presidenta de la ONG Control Ciudadano, tenía el rol de “coordinar y trasladar a todo el equipo comunicacional” que estaba involucrado en la operación.
Explicó, al leer un documento en su sección Tareas de oficiales aliados a la Operación, “se detallan las responsabilidades de 7 funcionarios militares, y como 8va persona con tareas asignadas figura Rocío San Miguel, de quien se afirma que sería la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional requerido para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación”, dijo.
“Establecer una afinidad comunicacional con la población militar para conseguir el apoyo. Coordinar con organismos internacionales para a través de la ONG Control Ciudadano garantizar los derechos humanos de todos los militares patriotas (…) involucrados en la operación. Además, gestionar ante la Cruz Roja Internacional para prevenir ataques aéreos o bombardeos, en contra de los integrantes de la operación”, agregó.
Asimismo, señaló que, luego de efectuar un allanamiento con orden judicial a su domicilio, en presencia de fiscales y familiares que comprobaron la legalidad del procedimiento, se obtuvieron pruebas que la relacionan “con otro tipo de actividades”. Se hallaron “18 mapas cartográficos en los que se han marcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país”.
Al mostrar uno de los mapas hallados, insinuó que las coordenadas señaladas “debían contar con colaboración militar”. “Se ven Puerto Cabello y Borburata; es un ejemplo de cómo se hizo la marcación de las zonas de seguridad en los 18 mapas hallados”, añadió.
“Aquí observamos marcadas, a la izquierda la zona de seguridad del Comando de la Aviación Naval, y a la derecha, la zona de seguridad de la Base Naval Contralmirante Agustín Armario. Además, que tiene resaltadas en verde zonas de interés”, añadió.
Información sensible
El fiscal sostuvo que “para hacer estas señalizaciones se fusionaron dos mapas distintos. Una tarea compleja, que se realiza mediante coordenadas geográficas que incluso se extienden en el mar”, al tiempo que recordó que “hay otros 17 mapas que, de igual manera, abarcan zonas militares en Venezuela”.
“En total, hay más de 24 zonas de seguridad señaladas, incluyendo la zona de seguridad del Palacio de Miraflores. Los mismos familiares de San Miguel admitieron que eran de ella”.
Afirmó que esta información ha sido recolectada y marcada de forma sistemática, con apoyo de personas con conocimientos de geografía o cartografía. “Nadie puede hacer algo así de la nada. Aunque los mapas cartográficos y las gacetas que crean las zonas de seguridad son de acceso público, su recolección sistemática, y su señalización constituyen un trabajo de inteligencia mantenido en el tiempo”.
También, agregó que se halló “evidencia de la elaboración de listados y perfiles de los mandos militares del país; y de sus comunicaciones se desprende que posee listas de todo el personal militar”.
Saab cuestionó “por qué una supuesta activista defensora de los derechos humanos debe tener este tipo de información. Esto corresponde más al perfil de una agente”.
Subrayó que “se obtuvo un cobro en dólares realizado por una trasnacional petrolera”, así como información sobre la “entrega de información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país”.
“Se trata de información que no es de acceso público, y que ha sido compartida con una potencia extranjera. Se han obtenido intercambios similares con embajadas de otros 3 países. El manejo de esta información es sumamente delicado, porque eso se reserva. Quienes tienen esas cualidades son agregados militares, eso no tiene nada que ver con defensores de derechos humanos. Dar información sensible es un elemento de convicción contundente”, señaló.
Protocolos de seguridad
Resaltó que Rocío San Miguel “tenía un protocolo de seguridad para esconder sus aparatos electrónicos a la hora de una eventual detención, el cual fue ejecutado a la hora de su aprehensión por su entorno más cercano (que tienen medidas cautelares y están en libertad), que trasladó estos equipos por varias locaciones tratando de eludir la acción de la justicia”.
“Sus equipos fueron llevados de Maiquetía en La Guaira a El Marqués en Caracas; y de la capital fueron trasladados luego hasta Higuerote, donde fueron escondidos en un maletero. Fueron a parar después en Guárico”.
Además, “tenía numerosas medidas de seguridad para sus comunicaciones. Por ello, todavía hay varios dispositivos a los que estamos en proceso de tener acceso”, apuntó.
Así mismo, manifestó que este fin de semana “sus familiares pudieron visitarla. Y hasta hoy siguen diciendo que es un caso de desaparición forzada. Es indignante y una burla. Es una ofensa a los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida”.
Con información de Globovisión.
