Para asegurar la asistencia a las poblaciones vulnerables en situaciones de crisis, la Unión Europea (UE) decidió este lunes flexibilizar algunas de las sanciones que pesan sobre una decena de países, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Túnez. La medida busca favorecer el trabajo de las organizaciones humanitarias en el terreno, de acuerdo con lo establecido por la ONU.
La decisión del Consejo de la UE afecta a la congelación de activos que el bloque impuso a personas o entidades en Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela, Zimbabue y en el ámbito de la ciberseguridad.
De esta forma, los actores humanitarios reconocidos por la resolución 2664 (2022) del Consejo de Seguridad de la ONU y las agencias y otras organizaciones acreditadas como socios humanitarios de la UE podrán realizar transacciones financieras con personas o entidades sancionadas si el fin era garantizar la ayuda humanitaria.
Las excepciones acordadas por los Veintisiete serán revisadas “periódicamente” para evaluar su adecuación y ajustarlas en el futuro si fuera necesario.
La UE considera que esta flexibilidad en las medidas restrictivas adoptadas por el bloque —en línea con la ONU u otros socios internacionales— protege la acción humanitaria ofrecida por actores “imparciales”.
Asimismo, defiende que con esta decisión se envía un claro mensaje a los operadores humanitarios y actores económicos respecto a que la política de sanciones de la UE “no obstaculizará” la prestación de asistencia humanitaria.
