Según los datos de la Encuesta de Coyuntura Industrial realizada por Conindustria, las importaciones en Venezuela ocupan el 45% del consumo nacional. El presidente de la Confederación de Industriales, Luigi Pisella, quien asumió el cargo en 2021, ha exigido reiteradamente que se garantice una competencia justa y equitativa para los sectores productivos venezolanos.
Pisella reconoce que el precio es el factor determinante para que los consumidores prefieran los productos importados, que resultan más baratos debido a las exenciones de impuestos que el Gobierno de Nicolás Maduro ha otorgado desde 2018.
El sector industrial venezolano ha presentado sus propuestas en las constantes reuniones que ha mantenido con los representantes del Gobierno, donde se ha evidenciado una capacidad ociosa del 70% en el sector. Pisella considera que este diálogo ha generado algunos avances, aunque no al ritmo deseado.
“Conseguimos la Ley de Armonización Estatal y Municipal, hicimos una campaña de ilícitos apoyada y hecha en conjunto, está por conformarse el Estado Mayor Anticontrabando. Otro aspecto ha sido el decreto de exoneración de productos terminados que empezó con 8.000 y tantos códigos, y hoy está en 1.700. En eso se ha avanzado, pero nosotros queremos que eso llegue a cero”, explica Pisella en entrevista con Bloomberg Línea.
Asegura que los industriales en Venezuela no se oponen a las importaciones, pero sí creen que es un tema que se debe mejorar y corregir, como en el caso de los llamados envíos puerta a puerta.
“Es fundamental corregir los desequilibrios y que la inflación vaya cediendo. Nosotros seguimos insistiendo, estamos acá para para eso, porque sabemos que tenemos todos los recursos naturales, que podemos sostener un crecimiento de dos dígitos”, agrega Pisella.
Tanto Conindustria como firmas financieras en el país estiman que en el último trimestre de este año, la economía mostrará niveles de crecimiento, que aunque podrían ser insuficientes para compensar la caída de los primeros meses tras el leve repunte del año pasado, representará un alivio para el sector comercial e industrial.
Actualmente hay unas 2.200 empresas operativas que se mantienen en el rango de estabilidad, según las estadísticas del organismo, que celebra haber superado una utilización promedio de 19%, situándose en un 31.7%.
“Hablamos de recuperación, de corrección. Durante siete años perdimos 75% del Producto Interno Bruto y entonces ahora lo que queremos es ir recuperando”, señala el presidente de Conindustria, al recordar también la labor de incidir en políticas públicas.
Pisella valora positivamente el acercamiento entre los representantes de Conindustria, Fedecámaras y otros gremios con la administración de Maduro, y lo considera un proceso más consciente y claro que los anteriores, cuando las tensiones entre ambos impedían el desarrollo de un diálogo real.
Aumentar exportaciones frente a la renta petrolera
Las exportaciones de la industria alcanzaron los USD 2.800 millones, lo que se considera un avance, pero que resulta insuficiente frente a los ingresos petroleros que ascienden a USD 25.000 millones. “Te das cuenta de que solamente estamos generando a nivel de flujo y en dólares apenas el 10% de lo que genera la industria petrolera, si lo vendieran y lo cobraran todo”, añade Pisella.
El gremio industrial solicita al Gobierno mayor operatividad del sector para poder contribuir con las exportaciones e incrementar los ingresos del país. Al mismo tiempo, la cúpula empresarial también pide una flexibilización de las sanciones económicas, basándose en el impacto que tendrán en la actividad económica.
“La flexibilización de las sanciones va a ayudar en la misma medida que esa flexibilización de las sanciones ayuda a que la parte económica fluya. A nivel petrolero, va a permitir que hubiese mayor ingreso que permita controlar el déficit fiscal y la inflación”, opina el presidente de Conindustria.
A su criterio, esta medida que podría impulsar la Administración de Joe Biden como parte del esfuerzo de su gobierno para que se retomen las negociaciones entre los sectores políticos venezolanos, permitirá atender otros aspectos que también afectan la industria.
“Para solucionar los servicios públicos tienen que flexibilizarse las sanciones. Quieres reparar una turbina en el Guri y no tienes acceso porque estás sancionado, o quieres recuperar una refinería pero da la casualidad que esas refinerías se hicieron con empresas que estarían sancionadas si envían los repuestos”, dice Pisella, quien asegura que en la garantía del éxito económico, el alivio de sanciones es un paso en la dirección correcta.
