Los profesores universitarios públicos de Venezuela atraviesan una situación de extrema pobreza y precarización laboral que los ha llevado a protestar y denunciar la falta de aumento salarial desde hace más de un año.
Según la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), el salario máximo de un docente con dedicación exclusiva y amplia trayectoria académica es de apenas 18 dólares (USD) mensuales, mientras que el mínimo es de USD 11.
Estas cifras contrastan con el costo de la canasta alimentaria familiar, que en junio se ubicó en USD 511,20 al mes, y con la inflación acumulada hasta julio, que fue de 115%. Además, revelan la enorme brecha salarial que existe entre los profesores venezolanos de universidades públicas y los de otros países de la región, como Colombia, donde el salario mínimo de un docente universitario era de USD 1.000 mensuales y el máximo de USD 12.977 en 2022.
La Apucv, que representa a los profesores de una de las universidades públicas más prestigiosas del país, ha publicado una tabla salarial esta semana para evidenciar la grave crisis que afecta al sector educativo. En sus redes sociales, también lleva la cuenta de los “509 días sin aumento salarial” que han transcurrido desde el último decreto del gobierno del presidente Nicolás Maduro en marzo de 2022.
“Hoy los profesores universitarios de Venezuela no solo son los peores remunerados de América Latina, sino del planeta”, dice a la Voz de América José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV.
Afonso advierte que, de no haber cambios, la situación migratoria podría “profundizarse” y afectar aún más la calidad educativa. “Bien que nuestros docentes se vayan a otros países o migren a otros oficios”, sostiene. “O que los jóvenes se vayan porque no le ven perspectiva al desarrollo de sus proyectos personales y familiares en el país, que la educación quede vacía de contenido y de gente y que nos precaricemos en un mundo en donde el título vale poco y nada”, lamenta.
El gobierno atribuye la crisis a las sanciones impuestas por la comunidad internacional y no ha anunciado un incremento del salario mínimo, que actualmente es de USD 4,18 a tasa oficial. En cambio, ha ajustado el denominado “bono de guerra” (30 dólares mensuales) y el bono de alimentación (40 dólares mensuales) que reciben los empleados públicos con criterio de “indexación”.
Las protestas por los derechos laborales han sido constantes en Venezuela durante el primer semestre del 2023. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) documentó 4.351 manifestaciones en todo el país, un aumento del 12% en comparación con el mismo período del año anterior. De ellas, 3.112 fueron para exigir mejoras salariales y laborales.
