Un tribunal estadounidense fijó el 23 de octubre como la fecha de inicio para una esperada subasta de acciones de la refinadora Citgo, propiedad de Venezuela, para pagar a los acreedores con sentencias contra la nación sudamericana.
El proceso de venta establece un cronograma que podría conducir a la aprobación formal de cualquier venta de acciones de PDV Holding, una unidad estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), dentro de un año.
El juez Leonard Stark, de Delaware, aceptó esta semana una recomendación de un funcionario judicial encargado de organizar la subasta, reseña Reuters. Los ingresos de cualquier venta de acciones de PDV Holding se utilizarían para saldar las deudas con los acreedores previamente autorizados por el tribunal. El único activo de PDV Holding es Citgo.
Rechazo del Gobierno venezolano
Cualquier venta de Citgo sin la participación de Venezuela sería “dolorosa”, dijo el viernes Pedro Tellechea, ministro de Petróleo de Venezuela. “No es un activo de Pdvsa. Es un activo de todos los venezolanos”, afirmó.
Stark desestimó el intento de Venezuela de detener la subasta. Venezuela había argumentado que las condiciones de la subasta no garantizarían el mejor valor para los activos, y que el proceso debía aplazarse hasta que se resolvieran otras demandas pendientes.
“La objeción de las partes venezolanas es totalmente poco convincente, especialmente a la luz del largo historial de este caso”, escribió. “No hay ninguna razón para retrasar más el inicio del proceso de venta”.
Licencia del Departamento del Tesoro
El Departamento del Tesoro estadounidense extendió este mes por tres meses, hasta el 19 de octubre, una licencia que protege a Citgo de los tenedores del bono 2020 impagado por Pdvsa. La licencia no congela la subasta, pero requeriría aprobaciones estadounidenses para cualquier ganador en el proceso.
Tras una larga ola de expropiaciones bajo el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez y el impago de bonos emitidos por Pdvsa, los acreedores acudieron a los tribunales estadounidenses para hacer cumplir los laudos arbitrales contra el país caribeño.
Los acreedores incluyen a la minera Crystallex International, la petrolera ConocoPhillips, Siemens Energy y Red Tree Investments, que intentan recuperar unos 2.700 millones de dólares (USD) por sentencias judiciales y arbitrales impagadas.
Otro grupo de seis empresas ganó recientemente en un tribunal de apelaciones su intento de adjuntar reclamos al caso de Delaware. Las empresas son O-I Glass Inc, Huntington Ingalls Industries, ACL1 Investments, Rusoro Mining, Gold Reserve y dos unidades de Koch Industries, que intentarán cobrar USD 3.460 millones.
