El Gobierno de Nicolás Maduro apeló este martes ante la justicia británica para recuperar el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, argumentando que el Reino Unido ya no reconoce a Juan Guaidó como mandatario encargado y que, por lo tanto, se deben revisar los fallos judiciales que le otorgaron al opositor la potestad sobre las reservas.
Disputa milmillonaria
Desde 2019, el chavismo y la oposición encabezada por Guaidó se disputan el manejo de más de 30 toneladas de oro de las reservas estatales, valoradas en 1.900 millones de dólares (USD), que se encuentran resguardadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra.
En un complejo proceso judicial, lleno de recursos y contrarrecursos, la justicia inglesa determinó entonces que Guaidó era el representante legítimo del país y que la junta ad hoc del Banco Central de Venezuela (BCV) que él designó podía dar instrucciones al Banco de Inglaterra como cliente.
Asimismo, la justicia inglesa no reconoció las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas que anularon dichos nombramientos por considerar, entre otras cosas, que los magistrados de esa corte están al servicio del residente Nicolás Maduro.
Esa última decisión, tomada en julio de 2022 por la jueza Sara Cockerill de la división comercial de la Alta Corte de Londres, fue apelada por el BCV oficial en octubre pasado.
Cambio político
Pero mientras se esperaba que el Tribunal de Apelación analizara el caso, la realidad política cambió en Venezuela.
A finales de diciembre de 2022, el Parlamento opositor elegido en 2015 votó por disolver el interinato de Guaidó.
Esta decisión fue aceptada por gobiernos como Washington y Londres que habían reconocido a Guaidó desde 2019.
“El 31 de enero de 2023, el ministerio británico de Relaciones Exteriores escribió a la jueza Cockerill, sin que nadie se lo pidiera” y “declaró que el gobierno ya no considera a Guaidó como ‘presidente interino’“, sostuvo el martes el abogado Richard Lissack ante tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres.
Apelación controvertida
Lissack representa desde 2022 a la junta directiva oficial del BCV presidida por Calixto Ortega, quien viajó desde Caracas para este nuevo capítulo de la saga judicial y el martes siguió la vista sentado al fondo de la sala.
Alegando que “las placas tectónicas de la escena internacional se están moviendo”, el abogado pidió a los magistrados que archivaran la apelación y remitieran el caso a Cockerill para su revisión completa.
Dado que Guaidó ya no es “presidente interino”, “lo correcto es dar marcha atrás”, afirmó.
Sin embargo, no logró convencer a los jueces.
El presidente del tribunal, Stephen Males, y sus colegas Stephen Phillips y Sarah Falk decidieron continuar con la apelación relativa a las decisiones del TSJ.
Las vistas comenzaron inmediatamente este martes y se prolongarán hasta el jueves.
En su apertura Lissack dejó claro que, pese a todo, basará su argumentación en el hecho de que Londres ya no reconoce a Guaidó.
“Se les pide que determinen este asunto en apelación cuando el mundo ha cambiado” y “determinar litigios por motivos que ya no existen en el mundo real”, dijo a los jueces.
Males y Phillips expresaron sin embargo sus dudas, señalando que el Gobierno británico no ha cambiado su opinión sobre a quién reconocía como presidente de Venezuela en 2019, cuando se produjeron los nombramientos en la dirección ad hoc del BCV.
Oro con fines humanitarios
El BCV presidido por Ortega demandó al Banco de Inglaterra en 2020 reclamando que le entregara el oro por necesitarlo para luchar contra la pandemia de covid-19.
Este afirmó, sin embargo, haber recibido órdenes contradictorias del BCV nombrado por Guaidó, quien dijo temer que el dinero fuera a los bolsillos de los “cleptócratas” o sirviera para reprimir a la población.
Lissack aseguró este martes que estos deberían ser transferidos a “un fondo humanitario gestionado por Naciones Unidas en beneficio del pueblo de Venezuela”.
Defendió asimismo que los miembros del BCV oficial son “banqueros serios que ejercen una importante misión en las condiciones más difíciles”, a diferencia de la junta ad hoc de Guaidó, sin funciones de política monetaria y muchos de cuyos miembros viven exiliados en Estados Unidos.
