La Fiscalía de Bolivia amplió la investigación contra el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido desde finales de diciembre, y lo acusó también de los delitos de cohecho activo y seducción de tropas.
Hasta ahora Camacho estaba siendo juzgado por terrorismo en grado de autoría en el marco del caso Golpe de Estado I, que aborda los hechos acontecidos en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales se vio obligado a abandonar el país por presiones militares y en medio de acusaciones de fraude en las elecciones.
Las autoridades bolivianas trasladaron esta nueva acusación al Juzgado Décimo de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, al que le corresponde el proceso abierto contra Camacho, en prisión preventiva por un plazo de cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.
Camacho es el gobernador de la región más rica de Bolivia e históricamente contraria a los gobiernos del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), escenario en el último mes de nuevas protestas y bloqueos, en esta ocasión para oponerse a la ley del censo poblacional.
Su arresto está motivado por su papel en las manifestaciones y protestas que se produjeron después de que la oposición, apoyada por las Fuerzas Armadas y la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) presionara al expresidente Morales a renunciar a su cuestionado triunfo en las elecciones de octubre de 2019.
