Un grupo de jueces venezolanos exiliados contrató al bufete de abogados Bryan Cave Leighton Paisner para hablar con funcionarios estadounidenses sobre los efectos de las sanciones de Estados Unidos.
La firma reveló su trabajo en una presentación ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, reportó Reuters. Dijo que anteriormente ofreció asesoramiento legal a los jueces, pero su trabajo para las figuras extranjeras ahora se está extendiendo a la actividad política, que debe divulgarse en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos.
El bufete de abogados con sede en Estados Unidos y el Reino Unido hablará con las autoridades del Gobierno de Estados Unidos sobre la política de sanciones vinculada al grupo de jueces exiliados, así como sobre las “cuentas puestas a disposición del Gobierno encabezado por (el líder opositor Juan) Guaidó”, dijo.
El socio Pedro Martínez-Fraga firmó la divulgación.
Bryan Cave Leighton Paisner dijo en la presentación que está cobrando al grupo, conocido como Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, el 80% de sus tarifas regulares. Martínez-Fraga, que tiene su base en Miami y Nueva York, tiene la tarifa más alta del equipo legal, según los periódicos, y facturará 1.156 dólares (USD) por hora. A él se unen el socio gerente de la firma en Miami, C. Ryan Reetz, y los cabilderos David Russell y Russ Carnahan.
