El gobierno de Venezuela estableció el martes que el certificado de los antecedentes penales dejará de ser gratuito y será pagado a una tasa que oscila entre 10 a 50 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor de acuerdo a la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV).
“Para la tramitación del certificado de antecedentes penales solicitado por la persona interesada ante el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se deberá cancelar una tasa que oscilará entre diez a cincuenta veces el el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor de acuerdo a la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV)”, reza la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.712, de fecha 20 de julio de 2022.
El certificado de registro de antecedentes penales puede solicitarse en línea de forma gratuita, sin embargo, se desconoce si el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz mantendrá el mismo mecanismo para su solicitud a través de la página web.
Dependiendo de cual sea la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela al momento de solicitar el certificado se estima que el precio del documento puede oscilar entre los 10 a 50 euros.
El pasado mes de julio la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la Ley de Registro de Antecedentes Penales que deroga la normativa anterior sancionada en el año 1979.
Entre los aspectos más resaltantes del nuevo instrumento legal están el derecho de las personas a acceder al Registro de Antecedentes Penales para solicitar la actualización o eliminación de los datos en caso de error.
También contempla el cobro del trámite de la certificación de antecedentes penales y privativa de libertad y multas para quienes revelen información del Registro o pidan antecedentes para el acceso a ofertas laborales, académicas o servicios de salud, entre otros.
La Ley, propuesta por el ministro del Interior y Justicia, Remigio Ceballos, fue aprobada en primera discusión el pasado 2 de junio y en su artículo 1 establece que tiene por objeto regular el registro de antecedentes penales para garantizar el derecho de las personas y el correcto funcionamiento del sistema de justicia, proteger derechos y garantías de las personas y garantizar que la base de datos cuente con información veraz y oportuna.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que la nueva ley se afinca en el respeto a los derechos humanos, a la privacidad, a la intimidad y el debido proceso. Además, pidió que sirviera de ejemplo para que se actualicen más normativas previas a la Constitución de 1999.
