El Consejo de Ministros español aprobó este martes el proyecto de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, cuyo objetivo es reducir el desecho de alimentos sin consumir a la basura y favorecer un mejor aprovechamiento de estos, con medidas que incluyen la obligación de la hostelería de ofrecer a sus clientes las sobras de la comida sin coste adicional y en envases reciclables, con sanción de 2.000 euros —2.138,72 dólares (USD)—.
En declaraciones a la prensa posteriores al Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, destacó que se trata de un instrumento jurídico pionero para “regular y concienciar” y para prevenir una “ineficiencia en la cadena alimentaria” que tiene consecuencias económicas, ambientales y sociales.
Así, precisó que la intención del Gobierno es que la ley entre en vigor el 1 de enero de 2023 si los trámites y plazos en el Congreso y en el Senado lo permiten.
Planas afirmó que solo Francia e Italia disponen de una regulación semejante en la UE y destacó que uno de los objetivos de la norma es concienciar, porque el 40% de la pérdida se produce en las tiendas y en los hogares y otro 20% en la cadena alimentaria.
En función de esto, ve el texto necesario más en un contexto en el que se habla de la “posibilidad de una crisis alimentaria” y de la necesidad de producción de alimentos en el mundo. “En el mundo existe hambre y malnutrición y este tema golpea la conciencia de todos”, reflexionó.
El texto incluye medidas para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo ya que todas deberán contar con un plan de prevención que incluya un autodiagnóstico desde el que adoptar medidas para minimizar las pérdidas, que en 2020 alcanzaron los 1.300 millones de kilos de alimento en los hogares, una media de 31 kilos por persona.
Con el texto legal se busca fomentar las buenas prácticas desde los productores primarios, en fase de cosecha y recolección de alimentos, hasta los consumidores, en el hogar o en bares y restaurantes.
Que el consumo humano sea prioridad
Además, las empresas deberán estipular el destino de los alimentos para evitar su desperdicio bajo la premisa de que la prioridad máxima será siempre el consumo humano a través de la donación o redistribución de alimentos.
Para donar excedentes de alimentos, los agentes de la cadena deberán suscribir convenios de colaboración con empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos. En estos acuerdos se deberán recoger de forma expresa las condiciones de recogida, transporte y almacenamiento de los productos, entre otras cuestiones.
Las entidades de iniciativa social que sean receptoras de donaciones deberán garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los alimentos recibidos y entregados. Sólo podrán destinar estos productos a la donación, sin que en ningún caso puedan comercializarlos, y deberán realizarla sin ningún tipo de discriminación entre los beneficiarios.
Fruta en jugo o mermelada
Por otro lado, el proyecto de ley contempla la transformación de alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas en otros como jugos o mermeladas y los que ya no sean aptos para consumo humano
Planas señaló que cuando los alimentos ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos; el uso como subproductos en otra industria ya como residuos, y la obtención de compost o biocombustibles.
El ministro asegura que los consumidores tendrán “derecho” a disponer de forma gratuita en las empresas hosteleras y de restauración a trasladar a su domicilio las sobras que no hayan comido, sin coste adicional alguno, excepto en los establecimientos de bufé libre, y para ello, estos deberán disponer de envases aptos para el uso alimentario, que sean reutilizables o fácilmente reciclables. El fin, según Planas, es que lo no consumido “no acabe en la basura, que eso es una pérdida inaceptable”.
Por otro lado, los bares y restaurantes que prevean que ciertos productos no van a poder ser vendidos al público deberán establecer acuerdos o planes con ONG o con bancos de alimentos respecto a la utilización de los mismos.
Otra de las medidas pasa por que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta productos “feos, imperfectos o poco estéticos; promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos e incentiven la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima”, según la jerarquía de prioridades de uso.
