El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid (España) decretó “el cese de la conservación de las grabaciones” del denominado Delcygate, relativas a la reunión entre el entonces ministro español de Transporte, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020 y que quedó registrada en el sistema de vigilancia.
En un auto de 20 de abril, el juez Antonio Serrano-Arnal pidió a la Policía española que informe a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) y “al encargado de la efectiva conservación de las grabaciones” que ya no es necesario seguir custodiando las cintas.
El magistrado explicó que, “siendo firme el auto de sobreseimiento provisional de 9 de noviembre de 2020 dictado por este Juzgado y no existiendo motivos para su reapertura pese al tiempo transcurrido”, lo pertinente es dejar de preservar las grabaciones, “a las que se dará el destino legal que corresponda”. Contra esta resolución cabe recurso de reforma.
La decisión tiene lugar dos años y tres meses después de que trascendiera aquel encuentro en Barajas y casi un año después de que el Tribunal Supremo resolviera que correspondía al Juzgado y no al Alto Tribunal decidir si las cintas eran o no destruidas.
El juez Serrano-Arnal preguntó sobre este asunto particular al Supremo español toda vez que este órgano también archivó una querella interpuesta por el partido político Vox contra Ábalos por los mismos hechos. El presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, le respondió que el destino de esas piezas de convicción debía de ajustarse a lo prevenido en el artículo 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) e insistió en que era de incumbencia “exclusiva” del Juzgado.
