El Gobierno de Joe Biden no tiene previsto levantar los aranceles aprobados por el Ejecutivo de Trump y que siguen vigentes sobre importaciones de China por valor de 360.000 millones de dólares estadounidenses (USD), aunque se reiniciará el proceso de excepción que permite a los importadores eludir ese gravamen.
La representante comercial del Gobierno estadounidense, Katherine Tai, aseguró este lunes en un discurso ante el think tank Center for Strategic and International Studies (Csis) que Washington discutirá con Pekín su cumplimiento de la Fase 1 del acuerdo comercial.
El acuerdo entre ambas potencias se firmó en enero de 2020, pero durante el primer año de vigencia del acuerdo, China únicamente cumplió el 58 por ciento de las medidas que se complementó a implementar. “China hizo compromisos que beneficiar a ciertas industrias estadounidenses, como la agricultura, y debemos hacer que se cumplan”, indicó Tai.
En relación a los aranceles sobre importaciones, la representante comercial no indicó una posible retirada. En su lugar, únicamente detalló que se reiniciará de nuevo un “proceso de exclusión”. Las empresas pueden solicitar al Gobierno excluir determinados productos de los aranceles en caso de que ese producto solo esté disponible en China o si el arancel daña a la empresa importadora.
“Dañando los intereses de los trabajadores”
En cualquier caso, Tai avisó que el Gobierno de Joe Biden tiene “serias preocupaciones con las prácticas comerciales de Estado y no de mercado que no fueron atajadas en el acuerdo de Fase 1“.
“Incluso con el acuerdo Fase 1 en vigor, el Gobierno de China sigue inyectado miles de millones de dólares en algunas industrias y sigue dando forma a su economía a placer del Estado, dañando los intereses de los trabajadores aquí y en todo el mundo”, indicó la representante comercial.
Tai tiene previsto iniciar “en los próximos días” una serie de “conversaciones francas” con su homólogo chino, el vice primer ministro Liu He. La representante se comprometió a dar “todos los pasos necesarios” para proteger a Estados Unidos de las “olas de daño” que han recibido en los últimos años por la “competencia injusta”.
