El juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García Castellón seguirá investigando la presunta financiación ilegal del partido político español de ultraizquierda Podemos a través de Venezuela para corroborar el relato ofrecido por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘el Pollo’ Carvajal y los testigos señalados por este último, descartando así el archivo planteado por la Fiscalía.
El Ministerio Público del país ibérico, que desde un principio sostuvo que se trataba de una investigación prospectiva, solicitó cerrar la causa, una petición que no será atendida, dado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 considera que la investigación aún no está agotada.
El instructor había pedido a la Fiscalía que se pronunciara sobre el camino a seguir en este procedimiento, que continúa secreto, después de que la Sala de lo Penal se alineara con el Ministerio Público acotando las pesquisas a la investigación de los hechos, dejando al margen nombres propios.
El magistrado de refuerzo de dicho juzgado, Joaquín Gadea, encargó el pasado mes de noviembre a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional española que indagara en dos asuntos: las supuestas transferencias por valor de 142.000 euros (EUR) —unos 153.881 dólares (USD)— que los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez habrían recibido de Venezuela, y la presencia de Juan Carlos Monedero en la nación sudamericana.
El Ministerio Fiscal vio en estas diligencias una investigación excesiva en torno al partido ultraizquierdista, pidiendo limitar el trabajo de la Udef a investigar los hechos en general, sin entrar en personas concretas. La Sala de lo Penal dio la razón a Fiscalía, frenando así las averiguaciones en torno a los cuatro fundadores de Podemos.
Se da la paradoja de que la unidad policial ya había enviado al instructor un primer informe donde daba credibilidad al relato efectuado por ‘el Pollo’ Carvajal sobre las relaciones entre miembros del Gobierno venezolano y fundadores de Podemos, un dossier que no fue impugnado por el Ministerio Público español y sobre el que la Sala de lo Penal no se pronunció, por lo que sigue unido a la causa.
