La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España pidió que se archive la investigación que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 relativo a la presunta financiación del partido político de ultraizquierda Podemos con fondos llegados de Venezuela. La causa, que se cerró en 2016, fue reabierta en octubre de 2021 al calor de la documentación que aportó el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo ‘el Pollo’ Carvajal.
Fue en marzo cuando se produjo el último movimiento en este asunto, que permanece secreto, cuando el Manuel García Castellón solicitó a la Fiscalía que se pronunciara sobre las nuevas diligencias que sopesaba encargar a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) para corroborar el relato ofrecido por ‘el Pollo’ Carvajal y los testigos protegidos designados por éste último, en el marco de las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal de Podemos.
Previamente, la Sala de lo Penal admitió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía contra las diligencias que el juez de refuerzo de dicho juzgado, Joaquín Gadea, encargó el pasado mes de noviembre a la Udefpara que indagara en dos hechos: las supuestas transferencias por valor de 142.000 euros (EUR) —unos 153.343 dólares estadounidenses (USD)— que los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez habrían recibido de Venezuela, y la presencia de Juan Carlos Monedero en la nación sudamericana.
El Ministerio Público español vio en estas diligencias una investigación prospectiva en torno al partido ultraizquierdista, pidiendo limitar el trabajo de la Udef a investigar los hechos en general, sin entrar en personas concretas. La Sala de lo Penal dio la razón a Fiscalía, frenando así las averiguaciones en torno a los cuatro fundadores de Podemos.
Se da la paradoja de que la unidad policial ya había enviado al instructor un primer informe donde daba credibilidad al relato efectuado por ‘El Pollo’ Carvajal sobre las relaciones entre miembros del Gobierno venezolano y fundadores de Podemos, un dossier que no fue impugnado por el Ministerio Público del país ibérico y sobre el que la Sala de lo Penal no se pronunció, por lo que sigue unido a la causa.
