En un giro inesperado, los internos de diversas prisiones venezolanas han decidido poner fin a la huelga de hambre que mantenían desde el 9 de junio. Esta acción colectiva, que se extendió por varias instituciones penitenciarias del país, llegó a su conclusión tras el inicio de diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro, quien ha comenzado a procesar formalmente las peticiones de los reclusos. Estas demandas incluyen la concesión de beneficios humanitarios y el traslado a sus centros de reclusión originales.
El viernes, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), entidad no gubernamental comprometida con la protección de los derechos de los detenidos en Venezuela, emitió un comunicado donde se confirmaba la suspensión de la protesta. “Familiares de privados de libertad en varias cárceles del país confirmaron que los reclusos levantaron la huelga de hambre pacífica que inició el pasado domingo 9 de junio”, señaló la organización.
La decisión de los prisioneros de cesar la huelga se produjo después de que funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios accedieran a “revisión de los casos de algunos de ellos y liberaciones en las últimas horas”, según el documento, que no proporcionó más información al respecto.
El Observatorio había denunciado previamente que detenidos en 19 prisiones y 30 centros de detención temporal, ubicados en comisarías donde se supone que la estancia es breve, habían iniciado una huelga de hambre el domingo pasado. La organización también ha destacado que las cárceles venezolanas sufren de un grave problema de sobrepoblación y carecen de una alimentación adecuada para los internos.
Un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) del año 2023 describió la condición de los prisioneros en Venezuela como “una de las más graves de la región”, citando el exceso de población carcelaria y la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas sobre el sistema penitenciario.
La huelga había obtenido el apoyo de los familiares de los reclusos, quienes se manifestaron el miércoles en distintas localidades del país caribeño, solicitando la intervención del recién nombrado ministro de Asuntos Penitenciarios, el abogado y diputado oficialista Julio García Zerpa. Maduro designó a García Zerpa el martes pasado, en reemplazo de la vicealmirante Celsa Bautista.
Los reclusos demandaban la liberación inmediata de aquellos afectados por retrasos procesales y expresaron serias preocupaciones sobre la nutrición y la atención médica dentro de las instalaciones. Además, exigieron el cumplimiento de la legislación que prohíbe la detención preventiva de individuos mayores de 70 años.
“75% de la población reclusa”, con retardo procesal
El Observatorio resaltó que un “75% de la población reclusa presenta retardo procesal”, y enfatizó las deficiencias en la provisión de alimentos y medicamentos en los establecimientos penitenciarios. La cantidad de prisioneros que participaron en la huelga de hambre y su estado de salud actual permanecen desconocidos.
Maduro, sin referirse directamente a la huelga, declaró la necesidad de “construir un nuevo régimen penitenciario, tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que formar una nueva generación de custodios”. Además, criticó las prácticas corruptas dentro del sistema, diciendo: “No puede ser que al penado se le cobre por llevarlo hasta el baño. Eso no puede ser. Que si lo tienen que trasladar se hace el retardo procesal porque no lo trasladan, porque no tenía la plata (dinero) para pagar al bandido, corrupto”. Estas declaraciones se alinean con su postura histórica de transformar las cárceles en lugares que no fomenten la delincuencia.
La Cidh reportó que en 2022 había 33.558 reclusos en 45 centros penales en Venezuela. Sin embargo, mencionó la existencia de una “dualidad del sistema penitenciario” reflejada en los llamados “calabozos”, centros de detención preventiva, lo que elevaba la cifra total a 35.000 detenidos. La comisión no pudo acceder a datos más recientes.
La sobrepoblación carcelaria, que en algunos casos supera el 200%, “puede llegar a constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano o degradante, violatoria del derecho a la integridad personal y de otros derechos humanos”, concluyó el ente regional.
Con información de AP.
