En una reciente declaración, Tiziana Polesel, quien ocupa el cargo de segunda vicepresidenta en la prestigiosa Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) de Venezuela, expresó su inquietud ante las políticas sancionatorias estadounidenses, señalando que el ámbito empresarial observa “con preocupación” la nueva Licencia General 44A emitida por el Gobierno de los Estados Unidos, la cual afecta directamente al país caribeño.
El texto legal en cuestión, emitido por el Departamento del Tesoro estadounidense, da plazo a las petroleras extranjeras hasta el 31 de mayo de 2024 para liquidar cualquier transacción que haya sido anteriormente autorizada sobre Venezuela.
En entrevista para el Circuito Éxitos 99.9 FM, la gremialista enfatizó que, contrariamente a los propósitos declarados de las sanciones, estas “más bien generan un prejuicio para la ciudadanía”. Argumentó que tales disposiciones resultan en que los consumidores venezolanos enfrenten precios exorbitantes por productos y servicios, además de una marcada ralentización en las transacciones comerciales internacionales.
Polesel hizo hincapié en que estas restricciones han llevado a que “muchos bancos extranjeros toman medidas contra los venezolanos que terminan perjudicándolos”. Subrayó que, sumado a los desafíos económicos internos ya existentes, estas sanciones entorpecen significativamente las dinámicas del comercio global y elevan los costos operativos.
En el contexto comercial, Polesel reveló que algunos proveedores estadounidenses han llegado al punto de enviar comunicaciones a empresarios venezolanos, expresando su incapacidad para realizar envíos con la justificación de que “no les puedo despachar porque es Venezuela”.
Finalmente, Polesel remarcó la carga adicional que estas políticas imponen sobre los empresarios venezolanos, quienes se ven obligados a “desgastarse” en esfuerzos por aclarar que ni ellos ni sus empresas están sujetos a sanciones por parte del Gobierno norteamericano.
Con información de Banca y Negocios.
