El Gobierno de de Venezuela expresó su rotundo rechazo al fallo de un juez argentino que perjudica a un avión de propiedad nacional, que pertenece a la empresa Transporte Cargo del Sur (Emtrasur), y tildó de robo la medida contra la aeronave incautada.
Mediante un comunicado, el Gobierno nacional acusó al Estado argentino de realizar una acción ilegal, en la que “se somete a los poderes del imperialismo estadounidense y viola flagrantemente el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el Convenio de Viena sobre el Derecho a los Tratados, la Carta de Naciones Unidas, el Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros acuerdos relativos a la Navegación Aérea Internacional”.
El documento señala que Venezuela ha comprobado ante organismos jurídicos y políticos internacionales “la posesión legal y legítima de la referida aeronave, dedicada al servicio de transporte de insumos de primera necesidad en nuestra región”.
Asimismo, cuestiona el comportamiento de “pillaje, piratería y vasallaje de la justicia y gobierno argentinos”, que “transgreden su propia legislación y convierten a dicha nación, en un grave infractor de la legalidad internacional en materia comercial y aeronáutica”.
El comunicado concluye afirmando que Venezuela se guardará todas las acciones jurídicas y diplomáticas “para salvaguardar los derechos que le asisten”. El Gobierno venezolano advierte a la comunidad internacional, en especial a los países latinoamericanos, “que cualquier medida ilegal que permita el sobrevuelo y apoyo para consumar este robo, será debidamente interpretada como un acto hostil, de soporte al comportamiento vandálico en contra de un país soberano”.
