El Gobierno venezolano calificó de “arrogante” e “ilícita” la extensión por seis meses más de las sanciones de la Unión Europea (UE) sobre Venezuela y la rechazó en un comunicado oficial.
Según la UE, las sanciones buscan presionar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro en temas como democracia, Estado de derecho y derechos humanos en Venezuela. Las sanciones afectan a 54 dirigentes venezolanos, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el líder chavista Diosdado Cabello o el exvicepresidente de Economía Tareck El Aissami.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela reaccionó con indignación a esta decisión y la consideró una violación de la Constitución venezolana y de la Carta de las Naciones Unidas.
“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la arrogante e ilícita decisión de la Unión Europea por medio de la cual prorroga hasta el 14 de mayo de 2024, las ilegales Medidas Coercitivas Unilaterales en contra del pueblo venezolano”, dice el comunicado.
El texto también recuerda que estas medidas “les inhabilitan de participar en los procesos políticos venezolanos” y que son contrarias a una resolución aprobada por una comisión de la Asamblea General de la ONU el pasado 7 de noviembre, que pide “cesar la aplicación de medidas unilaterales con efectos extraterritoriales y condena la inclusión de estados en listas unilaterales bajo falsos pretextos como las acusaciones de patrocinio del terrorismo”.
Política “colonialista”
El Gobierno venezolano acusa a la UE de aplicar “una vez más” una política “colonialista” e “injerencista en los asuntos internos” de Venezuela con “medidas degradantes, dañinas e injustas” que “pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley”.
Asimismo, el Ministerio de Exteriores destaca “la solidez de su Democracia y sus Instituciones” y advierte de que estas sanciones “afectan a la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los Estados”.
La UE, por su parte, ha acordado renovar las sanciones cada seis meses —antes lo hacía cada año—, lo que le permitirá revisarlas en función de la evolución de la situación en Venezuela.
