El Gobierno venezolano presentó hoy sus argumentos ante la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) para impugnar la decisión de reabrir la investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.
Según un comunicado oficial, el Ejecutivo venezolano considera que se violaron “disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional”, al cometerse “seis errores de hecho y de derecho” por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, que autorizó la reanudación del proceso el pasado 27 de junio.
Pruebas desechadas
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció que la Sala de Cuestiones Preliminares “desechó sin fundamento la mayor parte de las pruebas presentadas por Venezuela en la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos acaecidos en el país”.
Además, acusó a la Fiscalía de la CPI de seleccionar “pocas pruebas” en perjuicio de Venezuela y afirmó que todo este proceso, iniciado en 2018, “tiene una clara motivación política” y forma parte de la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por “potencias extranjeras” contra el país, “sobre la base de una falsa acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”.
Defensa de la verdad
El Gobierno de Maduro aseguró que “continuará haciendo uso de todas las acciones disponibles en el derecho internacional para defender la verdad y asegurar sus derechos como nación contra esta ofensiva que abiertamente utiliza la institucionalidad de la CPI con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser”.
A finales de junio, la CPI indicó que las investigaciones internas realizadas por las instituciones venezolanas “parecen estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel”, y que son “limitadas” y con “períodos de inactividad investigativa inexplicable”.
La corte reconoció que Venezuela está tomando “algunas medidas de investigación”, pero estimó que “sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total, especialmente en lo referente a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.
