La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este martes al fiscal Karim Khan a reanudar su investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, al considerar que los “procesos penales internos” de Caracas “no reflejan suficientemente el alcance” del caso y hay “periodos de inactividad inexplicables”.
En un comunicado publicado en Twitter, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI señaló que el enfoque de las investigaciones internas “parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel” y consideró que se han “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable”.
Aunque ve que Venezuela está tomando “algunas medidas de investigación”, considera que “sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación” total, sobre todo en lo que respecta a los delitos de persecución y de naturaleza sexual.
La decisión se conoce después de que Karim Khan y Nicolás Maduro firmaran el pasado 9 de junio un segundo memorando de entendimiento para abrir una oficina de la CPI en Venezuela.
“Venezuela no está investigando (y no expresa ninguna intención de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad; y, en relación con esto, el hecho de que el enfoque de las investigaciones internas parece estar generalmente en los perpetradores directos/de bajo nivel”, indicaron los jueces.
“Esta conclusión no impide que Venezuela aporte material en el futuro para que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad”, concluyó la Sala.
En contexto
En 2021 la fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación.
A finales del año pasado, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.
