El exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa pidió a la jueza de la Audiencia Nacional de España María Tardón que exija nuevamente a la petrolera venezolana Pdvsa la documentación que le fue solicitada en un auto de 17 de noviembre de 2020, al tener “duda fundada” sobre la autenticidad de la misma y también solicitó que se tome declaración al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Así, la defensa de Alvarado Ochoa solicitó esta semana a la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 que “tome declaración, en calidad de testigos o de investigados”, a Maduro y al ex alto cargo de Pdvsa César Rincón.
En el caso de Maduro, apuntó a “su condición de director miembro de la Junta Directiva de Pdvsa durante, al menos, el año 2012 objeto de la presente instrucción, a resultas del contenido del informe de la Udef —Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal— de 20 de junio de 2022 que le atribuye responsabilidad” en las operaciones investigadas.
Sobre Rincón, recordó que “ostentó cargos gerenciales de Pdvsa y Bariven, durante todo el período 2009 a 2015, objeto de la presente instrucción”. Además, subrayó que su firma consta en varias de las operaciones de compra investigadas por valor de más de 615 millones de dólares (USD).
“Debido a su nivel de autorización financiera (entre USD 4,6 a 9,3), su intervención y autorización de operaciones fue preceptiva y la de máximo rango en la inmensa mayoría de las operaciones investigadas”, resaltó.
“Duda fundada”
Además, volvió a pedir a Tardón que requiera de nuevo a Pdvsa para que aporte “todas las actas del Comité de Operaciones y de la Junta Directiva” que se le vienen solicitando desde esa resolución de 17 de noviembre de 2020.
En consecuencia, el exviceministro venezolano adelantó que “deberán efectuarse los apercibimientos legales oportunos para el caso de que persista la querellante Pdvsa en su voluntad rebelde al cumplimiento íntegro de dicho auto”.
Asimismo, instó a conseguir de la petrolera venezolana “los documentos originales de todos y cada uno de los documentos que ha aportado a la causa, tanto con su querella como con posterioridad”.
Alvarado justificó su solicitud ante “la duda fundada sobre la autenticidad de dichos documentos”, por lo que vio necesario “practicar las correspondientes pruebas periciales que acrediten su autenticidad o falsedad, en su caso”.